Los directivos sanitarios se muestran insatisfechos con la nueva Ley de Contratos del sector público

La Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) ha realizado un sondeo sobre la opinión en cuanto a la nueva Ley de Contratos del Sector Público por el Directivo de Gestión, con motivo de la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público el pasado mes de marzo. Una de las principales conclusiones del mismo es que siete de cada diez directivos de gestión que han participado en el Sondeo, que ha sido respondido por un total de 44 profesionales del mencionado perfil de toda España, opinan que la Ley de Contratación del Sector Público no responde de forma satisfactoria a las necesidades específicas del sector y más del 90 por ciento considera necesario que se adopten medidas para una mayor profesionalización en la materia. En concreto, los directivos de gestión económica creen que con la nueva ley no se ha conseguido simplificar los procesos de contratación pública, que el sistema no se encuentra preparado para la asunción práctica de la contratación electrónica, la lotificación que caracteriza a la nueva Ley de Contratos no permitirá una mayor concurrencia de las PYMES y la apuesta por el procedimiento abierto simplificado no será lo suficientemente ágil en el sector sanitario Estos resultados han sido presentados en la Mesa Responsabilidad Directiva y Nueva Contratación Pública, celebrada en el II Foro Sanitario de Directiv@s de Gestión Económica y Servicios, que se está celebrando en Segovia y en el que están participando cerca de un centenar de directivos con el mencionado perfil. La opinión de los expertos En esta misma mesa algunos expertos en esta área exponían opiniones más detalladas. En este sentido, Pedro Izquierdo, director de Gestión del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, manifestaba que  la nueva Ley de Contratos 'ha conseguido agilizar los trámites administrativos respecto del licitador, a quien se le facilita mediante la simple Declaración Responsable su concurrencia, siendo preceptivo acreditar la condición administrativa, únicamente, si finalmente es adjudicatario”. No obstante, este experto explica que a efecto de los clásicos servicios de contratación, “las exigencias legales no han conseguido simplificar los procesos de contratación pública, sino que les ha supuesto un incremento de trámites administrativos y una mayor tecnificación y elaboración técnico-científica de los mismos; un incremento de la toma de decisiones colegiada, que siempre requiere mayor esfuerzo colaborativo a través de la designación de comitéstécnicos; un incremento de actividad colegiada para la valoración de las ofertas, y envío de información contractual a la oficina de Supervisión de la Contratación Pública para su posterior remisión de datos de contratación a la Unión Europea”. Asimismo, Emilio Camino, director de Recursos Económicos de la Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña, exponía por su parte que “es una ley muy ambiciosa, hiperreguladora y compleja. Su mayor exigencia en muchos aspectos posiblemente implicará plazos de tramitación más largos, mientras que, por otra parte, abre o facilita explorar caminos nuevos para la innovación”. Como positivo, los resultados del Sondeo destacan que la nueva Ley posibilita la compra estratégica de medicamentos y tecnología sanitaria (casi el 70 por ciento de los participantes), el 85 por ciento valora de forma positiva que la Ley se enfoque hacia la compra de medicamentos en términos de rendimiento y no de precio y casi el 50 por ciento considera acertado el procedimiento de asociación para la innovación para una contratación pública más eficiente.