El acceso temprano a la pornografía es un problema que preocupa cada vez más, también a los pediatras. De acuerdo con los datos del informe de
Save the Children, el 53,8 por ciento de las personas encuestadas accedió por primera vez a la
pornografía antes de los 13 años, y un
8,7 por ciento antes de los 10 años. La
edad media es de 12 años de manera global.
Esto ha llevado a la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria (SEPEAP) y la organización no gubernamental
Save the Children a hacer un llamamiento urgente. En concreto, piden a las Instituciones Públicas para impedir el acceso de menores a estos contenidos a través de internet y las redes sociales.
El acceso temprano a la pornografía a hace que “los y las adolescentes consideren que esas prácticas, en ocasiones violentas, sin consentimiento, en grupo, insatisfactorias para las mujeres e incluso aberrantes, son lo habitual en la relación de pareja”, explica Dolors Canadell, representante de la AEP. Por ello, los pediatras consideran necesario una
educación afectivo-sexual en la que se enseñe que la sexualidad es una parte de la relación afectiva y que tiene que ser satisfactoria para ambos miembros de la pareja.
Acceso temprano a la pornografía
En cuanto a las diferentes consecuencias del acceso temprano a la pornografía, el informe de
Save the Children señala que el aspecto más peligroso de la pornografía es, además del ejercicio explícito de la violencia, el no precisar y ni siquiera plantear, la
necesidad de dar el consentimiento. Así, el 47,4 por ciento de adolescentes que ven pornografía ha imitado alguna vez lo visto, pero no siempre lo ha hecho de mutuo acuerdo.
De esta forma defienden que es necesario implementar urgentemente y de forma efectiva las normas referidas a esos contenidos en la LOPIVI (Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia). La idea es
implantar un certificado digital del menor con el único atributo de la mayoría de edad, no ligado al nombre y a los apellidos. Es un trabajo coordinado entre el Ministerio de Interior, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).
