“Los profesionales sanitarios nos ven cada vez más como elementos de apoyo a su labor y no de fiscalización”

El día 23 de enero de 2004 se constituía en Madrid la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS) con el objetivo de representar a nivel nacional a todos los profesionales de la inspección de servicios sanitarios. Desde su fundación, primero en una Gestora y, posteriormente, tras dos elecciones sucesivas, Luis Garrido coordina sus actividades. ¿Cuál es el objetivo principal de la Inspección Sanitaria? Garantizar, en el ámbito técnico, la calidad y legalidad del sistema   sanitario. ¿Podría hacernos una valoración general de la actual situación de la Inspección de Servicios Sanitarios? Las actividades de control, evaluación e inspección del sistema son siempre instrumentos necesarios de gestión que, además de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, propician una asistencia de calidad prestada en tiempo y forma adecuados, y contribuyen a asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos sanitarios bajo el respeto a los principios constitucionales. Estas funciones adquieren una especial relevancia cuando hablamos de la necesidad de racionalizar el gasto sanitario, haciendo que se gaste solo lo necesario. Al propiciar que los servicios funcionen correctamente, se evitan abusos no justificados y gastos innecesarios y excesivos. Contar con una estructura ágil, moderna, eficaz, específicamente formada en temas de inspección, control y evaluación, y con profesionales con probada experiencia en estos temas, es un auténtico lujo a precio de ganga (sueldo de funcionario). ¿Qué cuestiones cree que son prioritarias actualmente? La eterna insuficiencia presupuestaria, los desequilibrios territoriales y el afán excesivo de privatización de actividades, junto con lo que parece ser una renuncia, quizá obligada, al control sanitario de las incapacidades, pueden ser quizás los tres problemas estructurales del sistema en los que la inspección tiene mucho que decir y aportar. Como problema coyuntural, sin duda, la falta de profesionales debida a una tasa de renovación por jubilaciones muy baja. ¿Qué supone la Inspección Sanitaria en el global del Sistema Nacional de Salud? En un sistema en el que prima la garantía del derecho a la salud, la función inspectora, al garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, contribuye a asegurar a los ciudadanos el ejercicio de este derecho fundamental en condiciones de igualdad. El derecho a la salud únicamente es pleno cuando se asegura, no solo la simple asistencia, sino una asistencia de calidad prestada en tiempo y forma adecuados. ¿Qué carencias considera más importantes en relación al desarrollo de la profesión? Sin duda, la principal carencia es el desarrollo para los profesionales de la inspección de una carrera profesional adecuada que se constituya en elemento clave para la modernización de la inspección de servicios sanitarios.  Afortunadamente, algunas comunidades como Castilla-La Mancha y la Valenciana lo han entendido así. Nuestros esfuerzos se centran ahora en extenderla al resto de comunidades. ¿Cuentan con los recursos necesarios? Los recursos son escasos y resulta evidente el decaer numérico de las plantillas los últimos diez años. ¿Qué reclamaría en este sentido a las Administraciones Públicas? Además de reclamar en este aspecto al menos la reposición de los que se jubilan, no nos cansaremos de repetir que nuestra demanda más importante parte de lograr el compromiso y apoyo a nuestra labor tanto a nivel central como autonómico. Algo que no tiene un componente económico y que a veces se descuida. ¿Mantienen algún tipo de comunicación con la Administración? Dado el estado de las autonomías en que nos movemos, son las diversas asociaciones que componen la FAISS las que normalmente mantienen, de manera más o menos reglada, ese tipo de comunicación con los responsables sanitarios autonómicos. En este aspecto, la FAISS le presta apoyo logístico e institucional. Además, por el carácter estatal de algunas competencias, como las derivadas de la Seguridad Social, hemos mantenido diversas reuniones con los responsables del Ministerio de Sanidad y nos hemos puesto en contacto con el de Empleo. Por nuestra parte, siempre hemos instado al Ministerio de Sanidad a desempeñar un papel más activo en su regulación y control. Lamentablemente, el único órgano del que dispone el Ministerio para garantizar la equidad del sistema, el Consejo Interterritorial, apenas se ha reunido en los últimos años y sus decisiones son aplicadas o no según los intereses o el color político de las comunidades. Esta circunstancia abre aún más la brecha asistencial entre unas comunidades y otras. ¿Se puede considerar que la inspección que se realiza en España está a la altura de la de esos países? El entorno europeo tiene desarrolladas muy diferentes formas de acometer el trabajo de garantizar que el ciudadano recibe asistencia sanitaria en tiempo y forma adecuados. Los modelos son muy variados, unos más intervencionistas que otros, y sería prolijo entrar en detalles, pero como aspectos positivos que nos destaquen de otros países, sin duda está la excelente preparación de los profesionales y la concienciación ética de la importancia de su trabajo; en el lado negativo, el escaso aprecio y reconocimiento por parte de las autoridades sanitarias de nuestra labor en el día a día. Bien es cierto que cuando ocurre algún incidente más o menos grave enseguida acuden a nosotros para intentar solucionar las cosas. ¿Cree que, en general, el sector sanitario está concienciado del trabajo que ustedes realizan? Creo que los profesionales sanitarios nos ven cada vez más como elementos de apoyo a su labor y no de fiscalización, reconocen nuestra labor y la agradecen. La colaboración con los colegios profesionales y otras sociedades es cada vez más fluida e intensa, y sin duda es un importante elemento de motivación saber que alguien se va a preocupar de cómo estás haciendo tu trabajo y te aconseje cómo mejorarlo. La asignatura pendiente es que la propia Administración reconozca que esta labor de apoyo, alejada de la fiscalizadora, puede tener aún más repercusión que esta en la asistencia sanitaria que reciben los españoles. ¿Cuáles son los fines de la FAISS? En el aspecto reivindicativo, reclamar de las autoridades sanitarias la necesaria modernización de las funciones inspectoras y su adaptación a la realidad social y sanitaria actual con el objetivo de lograr la mayor eficiencia de las mismas en el control de legalidad, y reivindicar la necesaria promoción y desarrollo profesional del personal integrado en las distintas inspecciones de servicios sanitarios como personal cualificado en la supervisión del funcionamiento y evaluación del sistema sanitario. Por otro lado, el desarrollo de funciones de asesoramiento, orientación e información a las autoridades, a los profesionales sanitarios y a los propios usuarios del servicio, promoviendo en su caso la modernización y actualización de técnicas y recursos sanitarios. ¿En qué se basa el espíritu de la Federación? La razón de ser y el compromiso de los profesionales que la integran es, sin duda, la defensa de los derechos de los usuarios del Sistema Nacional de Salud desde una perspectiva solidaria y de colaboración entre las distintas comunidades autónomas. ¿Cuáles son las principales actividades? Es importante el apoyo a las distintas asociaciones en la consecución de sus objetivos y resolución de su problemática específica. En esta línea, la Junta Directiva de la FAISS ha estado siempre presente de una u otra manera en diferentes  Jornadas Técnicas y otras actividades formativas de Inspección de Servicios Sanitarios celebradas en las distintas comunidades autónomas, y organiza eventos de dimensión nacional como los Congresos Bianuales, que suponen un lugar de encuentro donde debatir e intentar solucionar los problemas que aquejan a nuestros sistema y a nuestra profesión.  Otra de las grandes líneas de actividad, en general, es la potenciación de la inspección mediante su presencia en diversos foros y la realización de reuniones a alto nivel y, sobre todo, en la elaboración de documentos específicos sobre los problemas que afectan a la sanidad y a las prestaciones de la Seguridad Social. ¿Cuáles son actualmente los mayores retos que se plantean desde la Federación? Aparte de su propia supervivencia en un ámbito donde el control interno se ve como una amenaza, temas como la Incapacidad Temporal (IT), la privatización de la asistencia, la garantía de la equidad y las listas de espera constituyen también retos importantes para el futuro. La reforma normativa de los últimos años promovida por el Real Decreto de Reforma de la IT y la Ley de Mutuas supone un recorte de derechos sin precedentes, generaliza una presunción de fraude por parte de los trabajadores, con suspensión de la prestación sin garantías clínicas, y facilita  el acceso desproporcionado a los datos clínicos por parte de las mutuas. Pero, lo más grave es que la posibilidad de que se puedan suscribir convenios con los servicios de salud de las CC.AA. para adelantar asistencias de trabajadores de baja crea una fuerte presión para que los servicios de salud suscriban dichos convenios y abonen parte de su presupuesto por las referidas asistencias, detrayendo así fondos de la asistencia general del SNS para beneficiar a las Mutuas. Esta circunstancia puede crear el punto de partida de una indeseable transformación de la asistencia sanitaria pública hacia una asistencia mutualizada privatizada dirigida por los empresarios que rompería los principios de universalidad y equidad del SNS. Desde el primer momento se ha querido “vender” la reforma como una simplificación burocrática de la emisión de partes de baja para los médicos de Atención Primaria, cuando la verdadera intención es ceder la gestión de la IT a las mutuas “empresariales”. Las listas de espera son un problema que debe ser abordado tanto con criterios técnicos como con criterios de participación social y transparencia. Sin perjuicio del papel de la Inspección Sanitaria en el control del cumplimiento de normas y procedimientos, la inspección desde su conocimiento del tema puede aportar soluciones que tengan en cuenta otros factores aparte del criterio cronológico y de gravedad. El compromiso político o legal por algunas administraciones sanitarias de “tiempos máximos de espera” se ha convertido en “papel mojado” y el procedimiento del reembolso del coste de tratarse en la sanidad privada es, en realidad, otra agresión a la equidad, ya que solo quienes dispongan de recursos económicos suficientes podrían permitirse adelantar su coste y litigar en caso de rechazo. ¿Cómo se desarrolla el trabajo de un inspector? Se desarrolla con no pocas dificultades, debido precisamente a la inmensa variabilidad de competencias y procedimientos, actuando tanto sobre centros como  sobre servicios sanitarios, evaluando la asistencia prestada, controlando conciertos y convenios, la prestación farmacéutica, el control del fraude. ¿Cuáles son los criterios específicos que deben prevalecer en el desarrollo de su profesión? No deben ser muy diferentes a los que inspiran la actividad de las administraciones públicas en general: transparencia, eficiencia, coordinación, trabajo en equipo, aprendizaje, innovación, mejora continua… ¿Existe actualmente algún documento de consenso para el desarrollo de la inspección? El Ministerio de Sanidad publicó, como resultado del trabajo de un grupo de compañeros, unas llamadas “Líneas estratégicas comunes de la Inspección Sanitaria del Sistema Nacional de Salud”, muy interesantes, pero con escasa repercusión práctica, ya que son las distintas comunidades a través de sus planes anuales de inspección las que determinan de manera más real y específica cuáles son las actividades a realizar y cómo llevarlas a cabo. Por nuestra parte, hemos elaborado una cartera de servicios de la inspección de servicios sanitarios que define el ámbito, el marco competencial y las actividades que desarrolla la inspección en las distintas comunidades y estamos trabajando en la elaboración de protocolos conjuntos de consenso para determinados aspectos como el del visado, caso que nos ocupó en la Jornada FAISS celebrada este mes de septiembre en Madrid. ¿Se producen diferencias a nivel autonómico? Sí, y no solo en la manera de enfocar las actuaciones, como ya he dicho, sino que las propias competencias desarrolladas y la organización del trabajo varían sensiblemente de una comunidad a otra en función de sus programas políticos y prioridades. ¿En qué ámbitos trabajan? Según las comunidades autónomas, la función de control de la inspección se ejerce solo sobre la actividad pública o sobre cualquier actividad sanitaria. ¿Con qué herramientas trabaja un inspector? En general, son las herramientas propias de la evaluación: la observación, mediante visitas a los centros, el análisis de la información existente, incluida la historia y otros documentos clínicos, el estudio de la estructura organizativa y normas de funcionamiento de los centros y establecimientos sanitarios, las entrevistas a pacientes y profesionales para detectar evidencias de posibles desajustes, etc. Todo ello da lugar a los correspondientes informes con sus conclusiones y propuestas de mejora. Determinados compañeros suman a esta labor la de control directo de determinadas prestaciones, visados, reconocimientos médicos de capacidad laboral etc. ¿Cómo ha influido la incorporación de las nuevas tecnologías en su trabajo? Sin duda, las nuevas tecnologías han aportado facilidad e inmediatez en el acceso a determinados registros, con lo que la recopilación de datos para nuestra labor es más sencilla, pero también nos ha obligado a una actualización constante de normativas y a un cuidado especial por la problemática ligada a la protección de datos. Ustedes reclaman su reconocimiento como profesionales sanitarios. ¿Qué nos puede decir al respecto? Desde el momento en que para acceder a nuestro puesto de trabajo se nos exige una titulación sanitaria, ya sea de Medicina, farmacia o enfermería, y que nuestra labor principal es asegurar una asistencia sanitaria adecuada y de calidad para todos los ciudadanos, con actuaciones incluso directas sobre determinados pacientes, parece descabellado considerar otra cosa, pero lo cierto es que para la Administración prima nuestro carácter fiscalizador y, salvo determinadas comunidades como la valenciana, no hemos conseguido ese reconocimiento que desde luego exigimos y perseguimos. ¿Hay carencia de inspectores sanitarios en España? Sin duda, pero también de profesionales sanitarios en general. El gran reto de la administración para los próximos años será, sin duda, llegar al menos a los ratios de profesionales que teníamos hace diez años y que con la crisis se han visto mermados hasta poner en peligro la propia asistencia. En este sentido, me permito recordar a las autoridades sanitarias estatales y autonómicas que, potenciar las tareas de evaluación y control de las prestaciones, e intensificar el trabajo de los inspectores sanitarios en el Sistema Nacional de Salud, desarrollando plenamente sus competencias, es mejorar la calidad de la asistencia y conseguir importantes ahorros que hagan innecesarias otro tipo de medidas. ¿Tiene un conflicto por ser médico e inspector a la vez? El conflicto parece ser más para las distintas administraciones que para nosotros que, no solo tenemos asumida la doble condición, sino que entendemos y defendemos que, como profesionales sanitarios, somos un pieza más en el tablero de la sanidad. ¿Qué valoración haría de la última Jornada FAISS, celebrada en Madrid? Aparte de la inspección de servicios sanitarios, nadie hasta el momento se ha preocupado de que las normas y procedimientos de visado de medicamentos son distintas de una comunidad a otra, con el problema añadido de que recetar un medicamento en una comunidad e intentar visarlo en otra se puede convertir, en alguna circunstancia, en misión imposible. Por primera vez, se ha tratado la cuestión  conjuntamente intentando encontrar elementos comunes y fácilmente exportables o intercambiables. El lema de la Jornada ha sido “Problemas y soluciones pensando en el paciente”. ¿De qué problemas se trata? Pensamos que no es el paciente el que tiene que estar pendiente de si tal o cual medicamento lleva o no visado, ni de desplazarse a veces a otra unidad para conseguirlo. La Administración no debe convertir el visado en un elemento disuasorio para el consumo de determinados medicamentos, sino en un elemento de adecuado control del uso indiscriminado y a veces inadecuado de los mismos.