Los profesionales sanitarios piden ser excluidos del “test de proporcionalidad”

El próximo 4 de diciembre, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo (IMCO) votará sobre la propuesta de Directiva del Test de Proporcionalidad. Se trata de una nueva normativa que tiene como objetivo eliminar las barreras de acceso entre más de 5.000 profesiones, dentro de los estados miembros. Ante la inminente votación, las profesiones sanitarias se han unido para manifestar su preocupación por las repercusiones que podría tener este nuevo marco legal, y para reclamar que cualquier regulación, tanto europea como nacional, contemple la naturaleza específica de las profesiones sanitarias para garantizar los derechos de los ciudadanos europeos en materia de salud. En este sentido, los Consejos Generales de Dentistas, Farmacéuticos, Enfermeros y Médicos han emitido un comunicado, para solicitar la exclusión de los profesionales sanitarios de la propuesta de Directiva sobre un 'Test de proporcionalidad”. Argumentos para la reflexión En el comunicado emitido por los representantes de las profesionales sanitarias, estos argumentan cuáles son los motivos para tener una especial consideración con dichas profesiones en la aprobación del Test de proporcionalidad. En primer lugar, exponen que “la legislación y la jurisprudencia europeas reconocen reiteradamente la especial naturaleza de las profesiones sanitarias y para ello cuentan con mecanismos regulatorios específicos para facilitar la prestación de servicios sanitarios y la movilidad de sus profesionales, excluyéndolas de normativas de carácter horizontal, como ocurrió en 2006 con la Directiva de Servicios. Por tanto, es incongruente e inadecuado que se aborde la evaluación de la proporcionalidad de forma general, sin tener en cuenta esta especial naturaleza”. Es por ello que desde su criterio, los requisitos que se exigen en el ámbito sanitario para el acceso a determinadas profesiones no pueden interpretarse como restricciones al ejercicio profesional, “sino como medidas de protección para los pacientes, destinatarios de los actos profesionales”. Así, exponen que la reserva de actividad (título, colegiación/registro de los profesionales, desarrollo profesional continuo, deontología profesional, requisitos de cobertura de seguro, conocimiento de un idioma, etc.) constituyen elementos que se encaminan a garantizar la protección del derecho a la salud y la seguridad clínica de los ciudadanos de la Unión Europea. Entendiendo así que la regulación de estas profesiones debe atender siempre a la seguridad del paciente y no a motivos económicos. Por último,  y ante toda esta argumentación, reclaman que cualquier regulación, tanto europea como nacional, “contemple la naturaleza específica de las profesiones sanitarias para garantizar los derechos de protección de la salud y seguridad clínica, que se encuentran establecidos y justificados por razones de salud pública”.