Los recortes financieros sufridos en AP y las grandes desigualdades entre CC.AA. pueden llegar a colapsar el SNS

Los recorte económicos sufridos en la inversión que se realiza en la Sanidad Pública está afectando a la asistencia que ofrecen los profesionales sanitarios, especialmente en el ámbito de la Atención Primaria, donde se ha perdido paulatinamente financiación. Esta situación, unida a las grandes diferencias que se dan entre las diferentes Comunidades Autónomas en plantillas, actividad o infraestructuras, podrían propiciar el colapso de todo el Sistema Nacional de Salud. Esta es una de las principales conclusiones que recoge el “Informe sobre la Situación de la Atención Primaria en España”, elaborado por el doctor Vicente Matas, representante nacional de Atención Primaria Urbana (APU) de la Organización Médica Colegial (OMC), tras el análisis de los datos disponibles en el propio Ministerio de Sanidad de los años 2016, 2017 y 2018. Una situación que se está trasladando al día a día de los propios profesionales sanitarios y los pacientes con “cargas de trabajo desmesuradas, acúmulos casi diarios por falta de sustituciones, consultas masificadas o demoras excesivas”, entre otros. En este sentido, en el informe se señala que “si desde Primaria no se puede seguir resolviendo el 85-90 por ciento de la demanda que llega, todo el SNS puede colapsar”. Según los datos del informe, presentado recientemente en la Asamblea de Vocales provinciales de la APU de la OMC, la inversión sanitaria destinada a Primaria no ha parado de bajar, situándose en unos “niveles difícilmente soportables”. En 2017, este montante supuso solo el 14,2 por ciento, frente al 20,2 por ciento que tenía en 1982 o el 15,5 por ciento de 2002. Ahondando en los datos y comparándolo con el resto de los recortes sanitarios, mientras que la inversión total se recortó un 12,24 por ciento entre los años 2009 y 2014, en Atención Primaria dicho recorte fue del 16,17 por ciento, lo que supuso una reducción de 1.742 millones de euros. Desigualdades en CC.AA. y por áreas Otro de los grandes problemas que acucia a la Atención Primaria son las desigualdades que se dan en los diferentes territorios que, pueden afectar al principio de equidad que garantizan la Constitución Española y la Ley General de Sanidad. Con los datos de 2018 en la mano, en España hay 13.122 centros de Atención Primaria que presentan grandes diferencias en actividad, plantillas y cargas de trabajo. De esta forma, mientras que, en Murcia, los médicos de familia atienden una media de 32 consultas diarias, en Cataluña la media de consultas es de 21 por día. Más ejemplos de desigualdades se dan en el número de profesionales de AP que encontramos en los centros de salud. De esta forma, en Castilla y León hay menos de un médico de familia (0,59) por centro de salud; mientras que en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA, que gestiona la prestación sanitaria de Ceuta y Melilla) la relación es de 10. Otro tema valorado en el informe que incumple el principio de la igualdad se centra en las infraestructura. En este sentido, en Castilla y León, el 93,69 por ciento son consultorios locales, mientras que en INGESA, todos son centros de salud. Unas diferencias que no solo se encuentran en la comparativa entre CCAA, sino que también se producen entre provincias y las propias áreas de salud. Así encontramos que mientras que en el área de Soria solo existe 0,34 médicos de familia por centro, en Osi-Bidasoa hay 17. Y mientras que en Teruel hay un mínimo de 18,50 consulta diaria de médicos de familia, en Alcázar de San Juan el máximo es de 38,41. Presupuestos finalistas Tras un análisis exhaustivo de todos los centros y las 169 áreas de salud, el Informe sobre la Situación de la Atención Primaria en España de la OMC concluye con existe la necesidad de tener unos presupuestos sanitarios públicos “finalistas, suficientes y equitativos” ajustados por criterios objetivos (es decir: edad, dispersión…) que garanticen unas plantillas suficientes con cargas de trabajo asumibles y sin demoras para los paciente. Una financiación que garantice que la atención asistencial se realice en condiciones de igualdad efectiva en todas las Comunidades Autónomas y que solvente los diferentes problemas que se dan en la Atención Primaria en nuestro país: la masificación en las consultas, acumulaciones, demoras o faltas de sustitutos en las consultas de Primaria urbanas; y la dispersión, el aislamiento, acumulación de consultorios, o población más envejecida en la Atención Primaria rural.