El Consejo Interterritorial, en su segunda reunión presencial, ha dado luz verde a las nuevas estrategias de Salud Mental y Salud Digital. Así, en esta cita que ha tenido lugar en Córdoba, destaca especialmente la
aprobación de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026. Se espera que mañana sea también aprobada también por el Consejo de Ministros.
Sin renovar desde 2009, esta Estrategia recoge, entre otros aspectos,
el Plan de Acción en Salud Mental y COVID-19. El mismo contará con un presupuesto de 100 millones de euros para los próximos 3 años. Además, se incorpora la especialidad de psiquiatría infantil y adolescente a la Formación Sanitaria Especializada.
La Estrategia de
Salud Digital es 'uno de los proyectos emblemáticos' que se está impulsando en estos momentos. Cuenta con una inversión de 675 millones de euros (600 de ellos para las CCAA).
En el CISNS de hoy también se ha tratado el nuevo
Real Decreto de especialidades. Concretamente, se ha discutido el procedimiento y criterios para la creación y revisión de los títulos de especialista en Ciencias de la Salud . Igualmente, de los diplomas de área de capacitación específica. También el acceso y la formación de las áreas de capacitación específica y se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación.
Luz verde a otros puntos del día
Además, se han aprobado los
nuevos abordajes del Parkinson y parkinsonismos, así como del Alzheimer y otras demencias. También han dado luz verde al Informe de evaluación y líneas prioritarias de actuación sobre la Estrategia en enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas y al de la de ictus.
En el mismo sentido, se ha llegado a consenso con la
Evaluación del Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores expuestos al amianto''PIVISTEA' 2018. Este 'ha permitido actuar ya en casi 3.000 empresas y detectar 70.000 trabajadores expuestos'.
Entre otros puntos, también se ha acordado la actualización de la cartera común de servicios en lo relativo a la atención de la salud bucodental. Esta recoge la incorporación de la población infanto-juvenil de 6 a 14 años y las embarazadas antes de que acabe 2022. También de la de las personas con discapacidad y los menores de 5 años antes de finales de 2023.
De forma similar, en el CISNS se ha acordado la actualización y concreción de la cartera común de servicios de genética para 'ampliar las coberturas en pruebas neonatales'. Asimismo, se ha validado el Plan para el Abordaje de las Terapias Avanzadas en el Sistema Nacional de Salud para 'hacer frente a los retos que nos plantean'.
No a la vacunación obligatoria
Por otra parte, en la rueda de prensa posterior, la ministra de Sanidad, Carolina Darias ha afirmado que
España no debería imponer la vacunación obligatoria contra la COVID-19. Así, se ha mostrado en contra de la opinión expresada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
A juicio de la ministra, uno de los puntos diferenciadores de España con respecto a otros países europeos es que no se eliminó la necesidad de mascarilla en interiores. 'Otros países han tenido que volver a la obligatoriedad porque en su momento la quitaron. Las mascarillas nos protegen, da igual la letra del alfabeto griego que tenga la variante. Nos va a seguir protegiendo frente a ómicron', ha afirmado con rotundidad.
Junto a esto, la ministra ha instado a conseguir que la 'mayor parte' de las personas que están recibiendo en estos momentos la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. En concreto, personas con condición de alto riesgo, personas que viven en residencias, personas mayores de 70 año y las que recibieron solo una dosis de Janssen. Así espera que todas ellas estén vacunadas antes de las fiestas navideñas.
Fondos COVID para las CC.AA
Por su parte, el consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño,
ha reclamado al Ministerio de Sanidad que dote de fondos COVID a las comunidades autónomas. Según el mismo, la sexta ola 'pone de manifiesto la necesidad de reforzar los equipos sanitarios mientras continúa la campaña de vacunación'.
Por otra parte, ha solicitado que en los criterios de los niveles de alerta se incluya un parámetro que mida la presión asistencial en atención primaria. De esta forma, considera que este aspecto es 'muy necesario' para establecer medidas de seguimiento de la pandemia.
