El gasto farmacéutico por recetas se sitúa ya por debajo de los índices de la media europea, habiendo experimentado una reducción del 27 por ciento en los últimos cuatro años, situándose este indicador en niveles similares a 2003. De hecho, en 2013 el gasto por recetas supuso el 14,5 por ciento del gasto sanitario público total y el 0,9 por ciento del PIB, cifras que nos sitúan por debajo de las que se exige por la Troika a los países intervenidos.
El gasto farmacéutico medio por recetas en el sistema sanitario público se encuentra a niveles inferiores a los del año 1998 en lo que a gasto farmacéutico se refiere, y al año 1997 en número de recetas per cápita. Partiendo de esta base, y una vez alcanzadas estas cifras, el Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), el Departamento de Farmacoeconomía de la Universidad de Málaga (UMA) y la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) consideran que el gasto farmacéutico público está controlado e incluso con indicadores que se sitúan muy por debajo de la media de los países de nuestro entorno.
Así, piden respeto para el criterio médico a la hora de realizar una prescripción responsable y recuerdan que el hecho de que dos medicamentos compartan una misma indicación no significa que sean exactamente iguales, debe ser el médico quién en función del balance beneficio/riesgo de cada uno de ellos decida cuál es el más adecuado para el paciente. También consideran que la principal preocupación de la Administración debe ser los resultados en la salud y no el gasto farmacéutico.
Así se puso de manifiesto en la 'Mesa de Farmaeconomía y microgestión' celebrada la semana pasada en el Commálaga, a la que asistieron el presidente de la institución, Juan José Sánchez Luque; el coordinador de Áreas Profesionales del Commálaga, Juan José Bretón García; Nuria García-Agua Soler, de la Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento de la UMA; el director de relaciones institucionales con las CCAA y sociedades científicas de Farmaindustria, José Ramón Luis-Yagüe; el presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario, Eduardo Martín Serrano; y Aurora Puche, Secretaría Técnica del Departamento de Profesionalismo del Commálaga.
Medidas economicistas
La Dra. García-Agua declara por su parte que es una realidad que el gasto farmacéutico ha disminuido considerablemente en estos últimos años, puesto que son abundantes las medidas que al respecto se están tomando, y considera que la política en esta materia no se puede centrar en estas medidas exclusivamente economicistas, olvidando los resultados en salud, pues a la larga será contraproducente. Cuando buscamos criterios de calidad basados en la eficiencia debemos buscar el mejor coste pero sin olvidar los beneficios clínicos en el paciente.
La Administración ha centrado la mayoría de sus medidas en relación al gasto farmacéutico limitando el derecho de libertad de prescripción del médico. Evalúa la calidad de prescripción en base a unos criterios como porcentaje de genéricos, coste por receta, etc., pero está obviando otros criterios que serían los que realmente deberían tenerse en cuenta como infartos de miocardio secundarios evitados, hospitalizaciones evitadas, etc', subraya.
'Se está haciendo gran esfuerzo en las medidas de control de gasto y se están olvidando temas tan importante como cuestiones de adherencia y correcto cumplimiento de los tratamientos. Si se trabaja en estos aspectos también se pueden ahorrar costes', reseña.
Por su parte, José Ramón Luis-Yagüe afirma que 'cuando una Administración limita el acceso a una prestación farmacéutica, limita el derecho a la protección de la salud del ciudadano'. 'La principal preocupación deben ser los resultados en salud y no el gasto farmacéutico, que está controlado'.
Genérico y marca
Para el director de relaciones institucionales con las CCAA y sociedades científicas de Farmaindustria, a igualdad de precio entre genérico y marca carece de base la discriminación actual a favor del medicamento genérico, por lo que aboga por la prescripción por marca, ya que favorece la adherencia a tratamiento, seguridad, evita duplicidades y asegura la farmacovigilancia, etc. Pero también por razones de tipo industrial ya que son los laboratorios innovadores los que investigan y desarrollan los nuevos medicamentos, que son la base del progreso farmacoterapéutico.
En este contexto recuerda el debate que se ha generado en relación con los 'equivalentes terapéuticos', señalando que el hecho de que dos medicamentos compartan una misma indicación terapéutica no significa que sean iguales, ni equivalentes, ni intercambiables. Son distintos aunque compartan alguna indicación. Cada persona es distinta en su modo de enfermar, debiendo ser el médico el que prescriba libremente el medicamento que cada paciente necesita en base a sus necesidades de salud.
No hay nada más contrario a la personalización de la atención médica y a la calidad de la asistencia que considerar que todos los pacientes son iguales y que, en base a esas supuestas equivalencias terapéuticas, los gestores pueden elegir el tratamiento para cada problema de salud, considerando criterios económicos.
Eduardo Martín Serrano destaca que gran parte de los médicos de Atención Primaria consideran que no tienen libertad de prescripción. Por otra parte, en Hospitalaria los médicos consolidados no se sienten presionados, pero sí los médicos jóvenes, explica.
Por su parte, Juan José Bretón García, subraya que el médico echa de menos estudios de coste/efectividad que le ayuden en su prescripción, y establece que los estudios clínicos adolecen de una visión económica que también es importante.
Aurora Puche ha puesto sobre la mesa la situación que está siendo comunicada al Colegio por médicos que trabajan para algunas compañías de seguros privados y atienden a pacientes de Muface, Mugeju e Isfas. Estos médicos están siendo condicionados a prescribir determinados medicamentos que han sido incluidos en un listado elaborado por las compañías, como medicamentos que cumplen con los objetivos, frente a otros que consideran que no computan para los objetivos marcados.
Incluso se informa a los médicos que se valorará su futura permanencia en el cuadro médico dependiendo de los fármacos que prescriban a sus pacientes. Por parte de todos los participantes se ha coincidido en calificar estos hechos como 'inaceptables'. Desde el Commálaga se está valorando jurídica y deontológicamente esta situación a fin de proteger tanto la libertad de prescripción de sus colegiados como el derecho de los pacientes.