El Colegio de Médicos de Toledo organizó una 'Jornada sobre Fiscalidad y Formación Continuada' donde los distintos ponentes invitados pudieron exponer su punto de vista ante la polémica surgida en los últimos meses en relación a las transferencias de valor que la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica en España (Farmaindustria), quiere hacer públicas, sin el consentimiento previo de los profesionales médicos afectados, y las repercusiones que las mismas podrían tener en cuanto a la relación médico-paciente y con la sociedad en general, así como sobre la formación médica continuada y sobre su tratamiento fiscal en el IRPF.
La jornada estuvo moderada por el secretario general del Colegio, el Dr. Juan José García Cruz, y a la misma asistieron como ponentes el Dr. Luis Rodríguez Padial, presidente del CM de Toledo. el Dr. Andrés Íñiguez, presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Gema Mª de Lucas, economista y asesora fiscal y financiera del CM de Toledo. José F. Zamarriego, economista y director de la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria. y Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario.
El Dr. García Cruz puso de manifiesto que 'la formación continuada es un derecho y un deber de los médicos', según se recoge, entre otras leyes, en la LOPS, y puso énfasis en las importantes repercusiones que sobre la formación médica puede tener el hecho de que Farmaindustria quiera hacer públicas las cantidades que por este concepto dedica para que los médicos, entre otros profesionales sanitarios, puedan acudir a los distintos eventos que se organizan en torno a la actualización de la profesión médica (congresos, jornadas, mesas).
La jornada la abrió el Dr. Luis Rodríguez Padial, que hizo hincapié sobre 'las repercusiones tan importantes que el Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica puede originar en torno a la forma tradicional de acceder a la formación continuada por parte de los médicos si se hacen públicas las transferencias de valor sin el previo consentimiento de los médicos afectados' y, asimismo, cuestionó 'la validez jurídica del Informe de la Agencia Española de Protección de Datos', en el cual sustenta Farmaindustria la medida de publicar sin previo consentimiento las transferencias de valor satisfechas, pues el mismo se sustenta en una normativa, la Directiva 95/46/CE, derogada en el momento de la realización del informe.
El presidente del CM Toledo puso de manifiesto que los médicos que actualizan su formación mediante las colaboraciones de la industria farmacéutica no buscan ningún beneficio ni lucro personal, pues de hecho no perciben ninguna retribución económica directamente, sino satisfacer las necesidades de actualización médica para atender mejor a sus pacientes. Asimismo, recordó que debería ser la Administración sanitaria la que tendría que facilitar una formación médica continuada de calidad a los profesionales a su cargo pero esto es algo que desgraciadamente no sucede así, a pesar de ser una obligación de las administraciones públicas.
Formación ajena al IRPF
Gema de Lucas Díaz puso de manifiesto que cuando la formación continuada es a cargo del empleador, en este caso el Sescam, las cantidades satisfechas destinadas a actualización, capacitación y reciclaje de los médicos, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o de las características de los puestos de trabajo, serán consideradas rentas no sujetas al IRPF y por tanto no se consideran rentas en especie. Pero las transferencias de valor satisfechas por la industria farmacéutica en concepto de formación continuada, aún cuando el médico no perciba esas cantidades directamente, si son consideradas rendimiento en especie y como tales sujetas al IRPF.
En representación de Farmaindustria, José F. Zamarriego, hizo una exposición detallada del Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica poniendo en valor la transparencia que el mismo significa en torno a tres áreas: la promoción de medicamentos de prescripción, la interrelación de la industria farmacéutica con los profesionales sanitarios y con las organizaciones sanitarias y la interrelación con las organizaciones de pacientes. Asimismo, sustentó la voluntad de Farmaindustria de hacer públicas las transferencias de valor en el Informe de fecha 22 de abril de 2016 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) según el cual 'no es preciso el consentimiento de los interesados para que se lleve a cabo dicha publicación'.
Buscar el equilibrio
En cuanto a los aspectos jurídicos relacionados con la transparencia de la publicación de las transferencias de valor en la parte pública de los laboratorios farmacéuticos, el abogado Ricardo De Lorenzo comenzó su intervención haciendo una prolija exposición sobre el desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y su entrada en vigor.
De Lorenzo se centró en las funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo encargado de asegurar el cumplimiento de los requisitos de transparencia y protección del derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. 'En los casos en los que pueda haber una confrontación entre el acceso a la información pública y el derecho de las personas físicas a la protección de datos de carácter personal, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno debe tener en consideración a la Agencia Española de Protección de Datos'.
Posteriormente, fue desarrollando los 'tres criterios interpretativos' como actuaciones concretas del Consejo de Transparencia e hizo hincapié en que estos tres criterios logran vislumbrar el camino que ha de seguirse para una correcta armonía entre la transparencia de la información de interés general pero garantizando en todo caso los derechos de los ciudadanos a la protección de datos personales.
En relación a la Legalidad de la Desagregación de datos y su Publicación a Nivel Individual del Profesional Médico, puso de manifiesto que 'el Informe de la AEPD, de fecha 22 de abril de 2016), en el cual sustenta Farmaindustria su posición con respecto de la publicación individualizada de las transferencias de valor de los profesionales médicos sin su consentimiento previo, no es una resolución que conlleve cobertura o autorización de la publicación sin consentimiento del médico' y que 'este tipo de informes carecen de valor vinculante' y se evacuan al amparo de las facultades conferidas a la AEPD.
Además, este informe es anterior al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas. Y, continuó diciendo Ricardo De Lorenzo, el Informe reconoce que del Texto Refundido de la Ley de Garantías (Art. 78.4) no se desprende ningún sistema de publicación individualizada. En lo concerniente a la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, comentó que dicha Ley no otorga cobertura legal a la exigencia de la publicación individualizada de datos a la vista de lo que dispone el art. 78, letra f), ya que están pendientes de aprobarse las normas de desarrollo reglamentario, que serán las que indiquen como habrá de hacerse la publicación.
En definitiva, Ricardo De Lorenzo señaló que el Reglamento Europeo de Protección de Datos de las Personas Físicas 'no impone la publicación de datos' sino que se inclina por que los Códigos que puedan aplicarse para este tipo de prácticas se elaboren con participación de los afectados (Legitimación pasiva de las Corporaciones de Derecho Público, como los colegios de médicos, y Sociedades Científicas), que no han sido consultadas y por tanto no han sido parte.
Para terminar, comentó que 'la Directiva Comunitaria en la que se basa el Código Deontológico de Farmaindustria está derogada, no aportando fundamento suficiente para la exigencia inmediata' y hace una propuesta final en el sentido de que 'es fundamental condicionarla al desarrollo reglamentario del Art. 78 de la Ley de Garantías, Reglamento Europeo de Protección de Datos, a la Ley Orgánica de Protección de Datos en desarrollo, y en definitiva a una regulación clara y precisa, con participación de las partes implicadas con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Autoridad de Control.
Contra los médicos
El Dr. Íñiguez Romo puso de manifiesto que si bien la 'transparencia' debe ser considerada por todos como un imperativo social no está de acuerdo en cómo algunos hacen efectivo tal principio. Comentó que la SEC defiende los principios de independencia y de transparencia como criterios que deben presidir el desarrollo de las actividades profesionales de los médicos, tanto las de carácter clínico como las de carácter formativo. actividades estas últimas cuya trascendencia es evidente para mantener y mejorar la calidad asistencial en el Sistema Nacional de Salud y para conseguir los mejores resultados en salud para los pacientes. En relación a como entienden algunas instituciones lo relativo a la transparencia, comentó que, 'Algunas decisiones pueden colocar a terceros sujetos en situación de Riesgo Fiscal y Social por potencial uso inadecuado y tendencioso de la información'. En este sentido, comentó que los verdaderos retos de la transparencia pasaban por definir el propio concepto de transferencias de valor, aclarar el tratamiento fiscal de la asistencia a actividades formativas y evitar la publicación individualizada de datos sin consentimiento del profesional.
Para el Dr. Iñiguez, la decisión de Farmaindustria de publicar los datos relativos a las transferencias de valor de los médicos, sin el consentimiento expreso de los mismos, 'es una decisión que nos pone a los pies de los caballos' y que de seguir Farmaindustria con esta actitud se podría producir un 'choque de trenes' entre las partes implicadas.
En este sentido, consideró la actitud de Farmaindustria como una exigencia unilateral con falta de cobertura legal y que tanto la SEC como FACME consideran necesario que se aprueben cuanto antes las correspondientes normas reglamentarias, tal y como está previsto por el art. 78.4 del Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015.
Asimismo, puso de manifiesto que, a día de hoy, 'no sería admisible que se tratase de suplir la falta de desarrollo reglamentario del art. 78.4 del Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios acudiendo a la Directiva 95/46/CE. entre otras razones, porque esta Directiva ha sido derogada por el Reglamento Europeo de Protección de Datos de las Personas Físicas (EU) 2016/679, de 27 de abril de 2016.
En cuanto a los retos de la transparencia, la SEC entiende que no se acomodaría a la legalidad vigente que una entidad privada, sin esperar a la aprobación de las normas reglamentarias, procediese a la publicación de estos datos con arreglo a sus propios criterios y, menos aún, prescindiendo del consentimiento del médico.
Para finalizar, comentó que el peor escenario sería 'seguir considerando Farmaindustria, o cualquier compañía bio-sanitaria, que la inscripción, el desplazamiento y el alojamiento para la asistencia a congresos sean transferencias de valor, imputables al facultativo a tramo correspondiente de IRPF, con publicación individualizada de datos sin consentimiento del profesional'. En tal caso, tanto la SEC como FACME recomendarían 'no colaborar con aquellas compañías que no respeten los principios mencionados y que coloquen a profesionales en situación de riesgo fiscal y social'. Y apeló al diálogo entre las partes implicadas.