Desde la Vocalía de Administraciones Públicas de la OMC y el grupo de relaciones laborales de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (GRELASESP) se ha realizado una ardua labor para dar extensión a derechos reconocidos a los médicos de Sanidad Penitenciaria por los tribunales desde hace años, y 'obviados por la Administración y no conocidos por una parte muy importante del colectivo', como argumenta la Dra. Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad Penitenciaria dentro de dicha Vocalía.
Uno de estos derechos reconocido ha consistido en el reconocimiento por el Tribunal Supremo de la 'no consideración de la guardia sanitaria como un servicio excepcional o extraordinario sino como parte de la jornada normal que han de realizar los funcionarios y el hecho de estar obligados a ello', según señala la Dra. Hoyos. Han admitido su retribución mediante el complemento de productividad pero estimando que eso no puede desvirtuar el carácter de normalidad de la prestación del servicio.
Por ello el Tribunal Supremo reconoció hace muchos años el derecho al cobro del prorrateo de guardias durante las vacaciones y todas las licencias oficiales del sanitario (ILTs, cursos formativos, moscosos etc.) y que ese derecho se mantuviera hasta el momento de la jubilación.
'Nos hemos dirigido a la Administración Penitenciaria para que reconozcan el derecho sin necesidad de tener que recurrir a los tribunales a través de extensiones de sentencias con el gasto en abogados que supone, pero no lo han considerado oportuno', lamenta la Dra. Hoyos.
Con ese mismo argumento se trabajó para que se reconociese el pago de la hora de guardia como mínimo como una hora de trabajo ordinario y no como está pasando en la actualidad, al precio que la Administración estima. 'En Instituciones Penitenciarias fue necesaria una huelga sin precedentes, en el año 2006 para que el médico con guardias localizadas dejara de cobrar la hora de guardia a un euro y el de presencia física a siete euros', recuerda la representante.
En la misma situación, recuerda la también vocal del Colegio de Médicos de Cáceres, 'están a día de hoy todos los médicos forenses de este país que siguen cobrando 1,5 euros por hora de guardia. Es una situación vergonzante que nos debe hacer pensar qué está pasando con los derechos laborales de los colectivos médicos minoritarios'.
Otra situación remunerativa llevada a los tribunales es la que conocemos como 'eliminación del redondeo' que ha consistido en que en el año 2010 con la reducción del cinco por ciento de las retribuciones en la Función Pública, a los médicos de IIPP con guardias localiza se les redondeó de 7,27 euros que suponía esa aplicación, a siete euros. También fue aprobado en sentencia firme por el Tribunal Supremo y se obligó al pago de su diferencia en los cuatro años anteriores a la interposición de la demanda como en el primer caso expuesto.
Se sienten poco valorados y mal retribuidos
Según una encuesta elaborada por el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria entre los profesionales sanitarios que trabajan en los centros penitenciarios dependientes de Instituciones Penitenciarias se constata que el número total de trabajadores sanitarios en los centros penitenciarios era de 1479, a finales de 2016.
La visión que los profesionales tienen actualmente de la situación en la que se encuentran es muy negativa, tanto desde un punto de vista organizativo, como de medios disponibles y formación realizada por la institución. Asimismo, la mayor parte de ellos no se sienten valorados en el puesto de trabajo y se consideran mal retribuidos. Es por ello que un 60 por ciento está a favor del traspaso de la Sanidad Penitenciaria a las CCAA, ya que consideran que puede traer mejoras para esta situación.
Asimismo, casi un 73 por ciento de los encuestados opina que permanecerá como funcionario una vez sea efectivo el traspaso en vez de integrarse como estatuario en los cuerpos de la comunidad autónoma correspondiente.
En definitiva, los profesionales sanitarios están mayoritariamente a favor de la integración en los servicios de salud de la CCAA correspondiente, y a pesar de las dificultades la mayoría opta por permanecer trabajando en el centro penitenciario al que pertenecen.