Establecer estrategias que refuercen el papel de la Atención Primaria en el abordaje de las enfermedades mentales de la población es una de las medidas propuesta para mejorar la atención de la población
frente a las futuras crisis. Así lo ha expuesto Luz María Peña-Longobardo en la sesión ‘Retos de la provisión de servicios de salud mental’, organizada por la Asociación de Economía de la Salud (
AES).
“Es preciso poner en marcha programas especialmente dirigidos a
reforzar los servicios sanitarios de las especialidades de Atención Primaria y Psiquiatría, orientados a los grupos de la población que se han mostrado más vulnerables en el ámbito de la salud mental”, ha explicado Peña-Longobardo, profesora asociada de la Universidad de Castilla La-Mancha (
UCLM).
Una propuesta que surge como respuesta a las necesidades que se presentan en
salud mental tras una crisis, bien económica, bien sanitaria, como estamos viviendo. Esta experta ha analizado los efectos de la última crisis económica que azotó a España en 2007, así como los que está causando la actual pandemia en la población.
Crisis económica versus sanitaria
En el caso de la crisis económica, fue la salud mental de los hombres la que se vio más perjudicada, así como la de aquellas personas que tenían
una situación laboral más precaria: desempleados y personas con contratos temporales.
“En cuanto a la crisis sanitaria –indica la profesora–, esta ha afectado mucho más a las mujeres jóvenes. También a los
profesionales sanitarios, los de los centros sociosanitarios y los
cuidadores informales. Siendo, todos ellos, grupos poblacionales que están en primera línea y, por ello, más vulnerables frente a los problemas mentales”.
Personas afectadas por la pandemia
En el caso de la actual pandemia de la COVID-19, la docente ha destacado que entre las personas más afectadas en términos de salud mental
se cumple el perfil de mujer joven. Las personas que han tenido que trabajar fuera del hogar en los momentos críticos de la pandemia también han mostrado elevados índices de ansiedad.
En contraposición, también se están viendo elevados índices de prevalencia de
depresiones en aquellas personas que han trabajado desde sus casas mediante el
teletrabajo.
“Son datos que están creciendo, ya que provienen de un análisis a corto plazo. Hay que tener en cuenta que son personas que
no salen de casa y tienen menos interacciones sociales. Eso, a medio y largo plazo, es un problema que podría acentuarse aún más”, subraya la docente.
Sea como fuere, una crisis puede
incrementar la necesidad de servicios sanitarios especializados en el área mental. Por ello, los expertos que han participado en esta jornada de AES coinciden en la necesidad de
reforzar la atención sanitaria “dotándola con recursos humanos y económicos para potenciar la detección temprana de los problemas mentales”, incide Peña-Longobardo.
Inversión mínima en salud mental
España sigue siendo uno de los países de nuestro entorno que sigue invirtiendo poco en salud mental, tan solo un 5%, pese a que la
tasa media de suicidios es de 7,57 por cada 100.000 habitantes. Una cifra que se eleva hasta los 13,47 en el caso de Asturias o 10,15 en Galicia.
En este sentido, Cristina Molina, directora de Análisis y Estrategia en Salud Mental de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, ha subrayado que la salud mental es un
problema de salud pública que precisa de un enfoque multisectorial.
“La salud mental está ligada a la salud física y al bienestar emocional, pero también al impacto de diferentes determinantes sociales. No hay que olvidar que
el 80% de estos determinantes están fuera del sistema sanitario”, ha señalado.
Planes de salud mental
En este contexto, Molina ha enumerado una serie de políticas nacionales e internacionales que se están planteando como planes de acción de salud mental. Entre ellas, habla de la promoción y prevención de la salud mental a lo largo de toda la vida de las personas, especialmente de la población más vulnerable,
empoderando a los usuarios y respetando su autonomía.
Contar también con los usuarios para diseñar, implementar y evaluar nuevos modelos y servicios de salud mental; garantizar la accesibilidad a los servicios de salud mental en la comunidad como
alternativas a la hospitalización convencional, son algunas de ellas. Integrar los servicios sanitarios y sociales; desarrollar sistemas de evaluación; propiciar intervenciones psicosociales de alta calidad; y redireccionar inversiones y esfuerzos hacia los servicios comunitarios frente a las estructuras institucionales, son otras políticas presentadas.
