¿Puede lograrse reducir los tiempos de acceso a la innovación? Una mesa redonda, celebrada en el marco del
curso de verano que ha organizado
Roche, ha debatido sobre las diferentes fórmulas para lograrlo. El encuentro ha sido moderado por
Pedro Gómez, exsubdirector general de Farmacia del Ministerio de Sanidad.
Según el recién publicado informe WAIT, los
pacientes españoles tardan 629 días -casi 2 años- en acceder a un nuevo fármaco ya autorizado en Europa. Este número se sitúa por encima de la media europea, que ronda los 517 días. Considerando estos datos como punto de partida, la mesa ha analizado el procedimiento actual de fijación del precio y reembolso de medicamentos y cómo podría llegar a ser más eficiente para reducir los tiempos de acceso.
José Luis Poveda, gerente del Hospital Universitario y Politécnico La Fe Valencia, ha lamentado las declaraciones de Javier Padilla en la mesa previa del curso sobre que hay que asumir que los fármacos lleguen tarde como característica del sistema sanitario español. “Hay que transformar un sistema analógico en digital. Los cambios no llegan y hay pacientes que no llegan a tener acceso. Las soluciones pasan por hacer cosas, no por pensarlas”, ha reecomendado.
Para
Ana Rosa Rubio, coordinadora del Área de Farmacia del SESCAM, los 629 días marcan un escenario “complicado”, con irrupción de terapias innovadoras, “que ha complicado la situación, con una dinámica de evaluación que ha llegado de sopetón. Desde la eficiencia, muchos de estos fármacos tienen programas de acceso restringido”.
Marta Trapero, economista de la salud y profesora titular e investigadora de la Universidad de Lleida, ha insistido que este retraso “es un problema europeo que puede mejorar. Hay retrasos de todo tipo, con entre tres y ocho ofertas de precio: todos los agentes tienen su responsabilidad, también la industria”. Como solución, ha propuesto que se debería dar acceso “antes por beneficio clínico relevante adicional; los criterios ya están escritos, solo habría que aplicarlos”.
Impulsar vías rápidas
Poveda ha pedido impulsar los procedimientos de
fast track tanto para la evaluación como para la financiación, mejorando también la transparencia en los modelos de fijación de precios y la colaboración entre agencias. “Y más capacitación y recursos, con un diálogo temprano entre las partes y diferentes procesos en paralelo”, ha añadido.
“Somos conscientes de los retrasos”, ha admitido Rubio. “Pero la agenda de la Comisión Interministerial de Precios es tan grande que la dinámica dificulta su agilidad, podría plantearse de otra manera”, ha opinado. Trapero ha reiterado la necesidad de más transparencia y rendición de cuentas, “con más debate interno, lo que reduciría la incertidumbre”.
Empeora la accesibilidad
Elvira Velasco, vicepresidenta segunda de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, se ha sumado al debate destacando que, “en vez de mejorar, empeoramos en accesibilidad a pacientes, algo que no se entiende y genera frustración, sobre todo si se compara con países vecinos. La normativa debe mejorar y actualizarse, eliminar burocracia, acortar plazos y apostar por la transparencia”.
Poveda ha indicado que es preciso también un modelo “que dé predictibilidad y que sea capaz de dar plazos y explicar las fases y su duración. Más que un sistema de evaluación en nodos, parece de nudos. Es curioso que se financien medicamentos sin IPT y otros con IPT favorables no se financien, sin una clasificación que fije el valor que aporta el fármaco. Una metodología clara y previsible sería lo ideal, lo que facilita la metodología de trabajo de todos los agentes y aumenta la transparencia”, ha recomendado.
El sistema actual no es ágil, hay que incorporar las nuevas tecnologías y nuevos agentes, como pacientes, las sociedades científicas y la industria, 'porque no entienden por qué no pueden participar', ha insistido Velasco. “No tiene que dar miedo incorporar a muchos agentes, siempre que la información esté en el formato adecuado para que se entienda. Las reuniones son ágiles”, ha indicado.
Otro problema, según Poveda, es “que no se adecua la metodología a diferentes procesos. La evaluación es muy importante y el conflicto de intereses está impidiendo que participen en estos procesos los que verdaderamente saben”. Trapero ha insistido en que es necesaria más financiación, mientras que Velasco ha lamentado la descapitalización en recursos humanos del ministerio de Sanidad y se ha unido a pedir una mayor dotación económica.
En el coloquio,
Federico Plaza, director de Goverment Affairs de Roche, ha propuesto que el proceso de precios podría comenzar, como se hace en otros países, con un informe positivo del CMUH. Otra iniciativa podría ser agilizar la aprobación de las actas. Además, ha solicitado el impacto en la morbilidad y la mortalidad causados por los retrasos en las decisiones. Los sistemas automáticos y semiautomáticos para fijar precios podrían, en su opinión, tener también cabida.
En las conclusiones finales de la mesa, se ha señalado que
la medición de salud “es clave”, según Poveda,
“y no se está haciendo”. Elvira Velasco ha abogado por la búsqueda de acuerdos, con un Pacto de Estado por la Sanidad fuera del debate político. “El sistema actual no da buenos resultados y tiene que haber un compromiso de todas las partes para acortar los procesos, las demoras son injustificables”, ha recomendado.
Por su parte, Trapero ha indicado que es preciso un nuevo modelo de financiación pública, mientras que Ana Rosa Rubio ha pedido anticipación en la metodología y en el retorno social. Por último, Poveda ha señalado que hay sobrediagnóstico sobre lo que hay que hacer y que es precisa “alguna acción terapéutica”.
