Durante los últimos años,
el tráfico de fentanilo se ha incrementado considerablemente, lo que genera una serie de problemas, incluso de orden diplomático, entre México y, particularmente, Estados Unidos. Debido a esto, las autoridades mexicanas presentaron diversas modificaciones y reformas a las leyes nacionales, para poner mayor control a estas substancias.
Específicamente se trata de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.
Dicha Ley ahora le da mayor poder a las instituciones para controlar los diversos procesos que tienen que ver con este tipo de químicos, además de evitar su importación, almacenaje, comercialización y desvío.
La droga sintética se encuentra en el mercado ilegal de substancias prohibidas, pero es fabricada con componentes que pueden tener un uso legal, ya que están presentes en muchas industrias, como la farmacéutica, cosmética, productos de limpieza, productos para manufactura, entre otros.
Factores de riesgo
Alberto Campos Vargas, socio del Grupo de Industria de Ciencias de la Vida del despacho
Sánchez Devanny, señala las afectaciones por no haber hecho un análisis previo sobre la fabricación del fentanilo.
En este sentido, advirtió que se va a afectar a la industria legal, que no tiene relaciones comerciales con el crimen organizado o con personas físicas o morales que lleven a cabo actividades con un corte de naturaleza ilegal.
“Las organizaciones tendrán que llevar a cabo ciertos controles, así como registros en la comercialización de sus productos”, explicó.
En este sentido, agregó que las empresas deberán establecer de forma expresa su objeto social, y estar al tanto de lo que requieran las autoridades. Lo anterior, ya que se pueden dar diversos cambios administrativos, que no necesariamente se publican en el Diario Oficial de la Federación.
Además, tendrán la obligación de recabar información de las personas con las que lleven a cabo operaciones reguladas, por ello es importante que establezcan procesos y lineamientos internos sobre lo que se debe cumplir.
Por la parte penal, el especialista aclaró que existen disposiciones que establecen delitos específicos.
Modificaciones a la Ley
Para el caso de las personas que desvíen o hagan uso de precursores químicos o químicos esenciales, tendrán sanciones que van de 10 a 15 años de prisión, y una multa equivalente al 10 por ciento de los ingresos obtenidos por dichas actividades.
En el caso de las personas que falsifiquen o alteren autorizaciones, permisos de exportación, entre otros, tendrán una pena de 8 a 15 años de prisión y multas de hasta el 10 por ciento del total de los ingresos.
El especialista recordó que las modificaciones entraron en vigor el pasado 4 de mayo, lo cual implicó que las empresas tengan complicaciones para implementar todos los requisitos y ajustar sus estructuras corporativas, documentos, controles logísticos, entre otros.
“Se trata de un gran reto, tanto para las organizaciones, como para los abogados de estas, que tendrán que entender la aplicación y el alcance”, expresó.
Sánchez Devanny es un despacho de consultores legales mexicanos especializados en las principales industrias con experiencia internacional y asesoría mediante soluciones integrales disruptivas con transparencia, ética e inclusión.
