'Ni estaba, ni estoy ni estaré de acuerdo con ningún tipo de copago'. Así de contundente se mostraba Brígida Mendoza, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, en la conferencia sobre la calidad del SNS organizada por Previsión Sanitaria Nacional (PSN) y la Fundación Ad Qualitatem. La consejera, además de insistir en la idea de que 'en Canarias no queremos disuadir a nadie', opinaba que los copagos no son la panacea que se presenta, ya que 'no creemos que el copago vaya a tener un efecto tan importante de ahorro, y además llegará un momento en el que ese efecto desaparecerá, y de hecho, puede que ya esté empezando a diluirse'. Tanto es así que Mendoza, en cuanto a las cifras de ahorro en el gasto farmacéutico, auguraba que 'en este momento podemos estar llegando a un techo, es pronto para evaluarlo'.
Asimismo recordaba que si se ha decidido no implantar el copago por transporte urgente 'es porque algo de razón tenemos'. En lo que concierne al copago hospitalario, afirmaba una vez más que 'es más caro el collar que el perro', recordando que 'no lo hemos establecido ninguna Comunidad, salvo Ceuta y Melilla, por razones obvias', matizando que el gasto que supone su implementación no se ve justificado, ya que en los fármacos hospitalarios no existe disuasión posible y la recaudación real no supone tanto como se piensa.
De forma contraria, Brígida Mendoza criticaba que no se hubieran tomado otro tipo de medidas. 'El Gobierno, en vez de grabar a los enfermos, debía haber exigido a las CC.AA. que implantaran la receta electrónica', la cual ya está del todo extendida en Atención Primaria en Canarias y pronto lo estará también en Especializada, ofreciendo ya algunos resultados positivos de ahorro. En lo que sí se mostraba inamovible era en su denuncia ante 'el injusto sistema de financiación', por el que cada canario recibe 252 euros per cápita, menos que la media de cualquier español, siendo la tercera comunidad autónoma peor financiada, solo por delante de Baleares y Valencia. Pese a ello, la consejera aseguraba que en 2014 se había aumentado en 1,65 por ciento el presupuesto sanitario respecto al año pasado en su autonomía, lo que se traducía en 42 millones de euros.
La receta para una mejora del sistema sanitario
Además de las críticas, Brígida Mendoza también ofrecía alternativas y sugerencias. Entre ellas, dejaba claro una vez más que no se deben 'impulsar desarrollos legislativos que supongan un incremento en el gasto de las CC.AA. sin consenso', además de pedir que se creen medidas políticas comunes en cuestión de personal, pero también estándares técnicos homogéneos, así como una equidad de acceso en la cartera de servicios en todo el territorio español. No se olvidaba de pedir que 'se redefina el papel del Consejo Interterritorial como órgano de decisión, debiendo asimilar su funcionamiento a las conferencias sectoriales'.
En cuanto a otras medidas más concretas, las dividía entre las dirigidas a la demanda, como hacer un uso racional de los recursos; mejorar la prevención y la promoción de la salud sin caer en una medicalización de la vida; o fomentar la formación de los usuarios; o las dirigidas a la oferta, como gestionar conjuntamente el catálogo de prestaciones sanitarias; analizar el uso y coordinación de las agencias de evaluación; publicar periódicamente listados de buenas prácticas; o avanzar en la transparencia de la información de los centros públicos y privados, o al menos de los concertados.