El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, ha intervenido en el ‘Fórum Europa. Tribuna Andalucía’, celebrado en Sevilla, donde ha pronunciado una conferencia sobre ‘Uso racional del medicamento’ en la que ha expuesto las repercusiones del gasto farmacéutico…
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, ha intervenido en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', celebrado en Sevilla, donde ha pronunciado una conferencia sobre 'Uso racional del medicamento' en la que ha expuesto las repercusiones del gasto farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud; la conferencia ha sido presentada por el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, y en el auditorio estaban representantes de Junta de Andalucía, del Parlamento andaluz, del Servicio Andaluz de Salud (SAS), representantes del sector profesional sanitario, tanto público como privado, de corporaciones médicas, asociaciones de pacientes y de la industria farmacéutica. Ante ellos, Rodríguez Sendín expuso la situación de la Sanidad en España y la importancia que tiene el control y optimización del gasto farmacéutico para la sostenibilidad del sistema.
El presidente de la OMC explicó la necesidad de considerar prioritariamente la realidad socio-sanitaria, la cronicidad, las políticas de recursos humanos y del medicamento para abordar el futuro del SNS. En su intervención se centró en el gasto farmacéutico, que en España es superior a la media europea y presenta, dijo, 'una tendencia crónica al crecimiento incontrolado si no se ponen medidas para frenarlo', a pesar de la reducción significativa por receta en los tres últimos años como consecuencia de las políticas llevadas a cabo por el uso de genéricos, el sistema de precios de referencia y medidas especiales como las introducidas en Galicia con el catálogo de medicamentos y las 'mal denominadas subastas' en Andalucía.
Sendín cuestionó la 'opacidad' y falta de datos oficiales del gasto farmacéutico hospitalario: pese a la obligación legal de remitir mensualmente el número de envases consumidos en los centros del SNS, no hay datos oficiales anuales del gasto nacional agrupado ni de su evolución.
Tras poner de manifiesto que el mayor problema del SNS es el déficit de financiación y que la inversión sanitaria pública, año tras año, ha seguido decreciendo, pasando del 6,9 por ciento en 2008 al 5,9 de 2014 y con perspectivas de reducirse al 5,3 por ciento en 2018, afirmó que esta situación ha provocado unos recortes que han repercutido en el aumento de las listas de espera, en una amortización de plazas de profesionales y en una disminución importante de los salarios, mientras 'paradójicamente, se ofrece un techo de incremento para el sector farmacéutico igual al incremento del PIB'.
Para el presidente de la OMC, tanto por el 'crecimiento desmesurado de los costes sanitarios, como por las dificultades de financiación de los sistemas de salud universales y solidarios, como por los riesgos inherentes a toda práctica médica y sanitaria', es preciso y urgente limitar el uso inadecuado de los medicamentos, lo que hemos denominado 'medicalización de la vida', y acotar con criterios científicos las intervenciones médicas y sanitarias indiscriminadas' con el objetivo de que los beneficios de las mismas siempre sean 'coste-efectivo'.
Hizo referencia a los documentos de la OMC sobre el sector farmacéutico y otro sobre los aspectos clínicos y sociales del medicamento, que ya presentó en enero de este año a la entonces consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, en los que se recogen las reformas de política sanitaria que defiende la corporación médica.
Blindar el modelo de SNS
En primer lugar, señaló la necesidad de 'definir' y 'blindar' el modelo de SNS universal, equitativo, de calidad y solidario, con una cartera de servicios y condiciones bien definidas para lo que se precisa 'suficiencia financiera' y mecanismos de asignación y distribución de unos presupuestos que deben de ser finalistas para respetar la igualdad.
En este contexto, contempló también la necesidad de una regulación permanente, tanto nacional como internacional, de la industria farmacéutica, con políticas de precios transparentes y socialmente responsables; garantías públicas para blindar la propiedad industrial sin que ello ponga en peligro en ningún caso el normal funcionamiento del servicio público sanitario por los precios de los nuevos medicamentos como ha ocurrido con los fármacos contra la Hepatitis C. En este sentido, argumentó que 'no puede ser que un medicamento, que en EE.UU. alcanzó el precio de 76.000 euros, se venda en India o Egipto, a 300 y 700 euros, respectivamente. Y aquí en España, se ponga un precio que desconocemos'.
Para Rodríguez Sendín, ante los nuevos fármacos se debería realizar una 'evaluación económica técnicamente rigurosa' y deben estar disponibles para la población a 'precios razonablemente asequibles'. Tener en cuenta formas dinámicas de financiación en función de la efectividad alcanzada, volumen de ventas y riesgo compartido, revisar el sistema de patentes y, por supuesto, dotar de transparencia al sistema vigente de fijación de precios.
Abordó el papel de los profesionales en este asunto y dijo que 'una política de uso racional de medicamentos, exige, de forma inexcusable, contar con la implicación y corresponsabilidad de médicos y consumidores' para lo que abogó porque las administraciones sanitarias asuman la formación continuada de los médicos al introducir medicamentos nuevos en la práctica clínica, desde la autonomía del médico a la hora de prescribir el mejor y más adecuado tratamiento.
Pidió 'limitar, regular y acotar' la influencia de los conflictos de interés de todo tipo basados en la declaración de los mismos y en la exigencia de veracidad no sólo de los profesionales, sino también de los 'decisores administrativos'. Y en relación al consumo de medicamentos por los ciudadanos, abogó por regular la 'excesiva demanda: el uso inadecuado de fármacos produce muchas más muertes al año que los accidentes de tráfico, el 15 por ciento de las urgencias hospitalarias también son por esta causa', dijo.
También aludió a las 'adquisiciones innecesarias' que provoca la gratuidad, por lo que se mostró partidario de 'ajustar el copago a la renta y al estado de salud, y no a la condición de activo o pensionista', estableciendo un límite de aportación máxima anual por persona, excluyendo del mismo a los ciudadanos con ingresos inferiores a ciertos niveles de renta, con fórmulas por las que no deban adelantar recurso alguno. En cualquier caso y según su criterio, 'todas las personas deben tener garantizados mediante financiación pública los medicamentos suficientes para atender las necesidades de salud'.
El papel de las administraciones
En cuanto al papel de las Administraciones sanitarias, dijo que 'no hay nada que objetar desde el punto de vista profesional y deontológico a las medidas de selección de medicamentos que puedan realizar', y que por 'ética pública y eficiencia social' se deberían extender al conjunto del SNS los procesos de licitación en concurrencia competitiva en precios para la adquisición de todos los medicamentos y productos farmacéuticos, por medios de instrumentos de mercado que generen economías eficientes al sector público como los llevados a cabo por la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia.
Defendió iniciativas que buscan el mejor precio y ofrecen la mejor solución para la bioapariencia, siempre que 'mantengan la calidad de la asistencia, respeten la prescripción médica y los medicamentos tengan similar eficacia, seguridad y calidad'. Y exigió que estos procesos se lleven a cabo con máxima transparencia.
En esta reordenación del sector farmacéutico, la OMC también cree necesario que se incluya la trazabilidad del medicamento y, con ella, el seguimiento singular de cada envase de medicamento sujeto o no a prescripción médica, que permita asegurar fabricante, procedencia y país de orígenes del principio activo y excipiente, empresa envasadora, distribución, prescripción y dispensación de cada envase para luchar contra exportaciones paralelas e introducción de medicamentos falsos.
'No se puede entender ni justificar que productos de consumo estén identificados singularmente y el medicamento, que es un bien de protección y control especial, no lo esté', dijo, y defendió que se generalice urgentemente con carácter obligatorio, como establece la Ley, la exigencia de la receta médica para adquisición de cualquier medicamento no financiado sujeto a prescripción médica.
Consideró necesario recuperar la confianza en las administraciones sanitarias, a quienes recordó su responsabilidad para 'asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario público y, por tanto, de racionalizar tanto decisiones en relación a su gobierno como las inversiones', entre ellas el gasto farmacéutico, que 'deben vigilar, supervisar, optimizar y controlar'.
Finalmente, reiteró que todo lo expuesto, que incide en la sostenibilidad del SNS, debería formar parte de un gran Pacto de Estado, 'necesario e imprescindible' que la OMC volverá a pedir a todos los grupos políticos que concurran a las próximas elecciones, como lo hizo en el encuentro que mantuvo esta semana con el secretario general del PSOE.