La política a favor de la cobertura universal se produce en un momento en que la expansión de las políticas neoliberales de privatización de los servicios sanitarios han producido en muchos países una exclusión de grandes sectores de la población y/o un incremento excesivo de los costes, y por eso muchas instancias nacionales e internacionales, entre ellas la OMS, propugnan una política de cobertura universal que garantice la atención sanitaria a toda la población.
La propia Organización Mundial de la Salud en su informe de 2010 propugna la necesidad de una cobertura universal en todo el mundo, porque es consciente de los graves problemas de salud que provoca la falta de acceso a los sistemas sanitarios de un gran porcentaje de la población. Por supuesto las multinacionales y las empresas privadas están intentando tomar protagonismo en este aumento de la cobertura con financiación pública, poniendo en riesgo los sistemas públicos existentes y el avance de muchos países hacia un reforzamiento de los servicios sanitarios públicos.
Resulta ahí muy importante el garantizar el carácter público hegemónico de la provisión sanitaria y entender que la provisión pública es la única garantía de que en la actuación del sistema sanitario se anteponen las necesidades de salud de la población a los beneficios económicos de las empresas. Por otro lado también existe muchísima evidencia científica de que la cobertura privada encarece notablemente el coste de la atención sanitaria y supone por sí misma un peligro para la universalización de la cobertura sanitaria, porque también incluye la lógica del mercado en la provisión sanitaria, y evita la planificación y territorialización, que son especialmente importante para la atención de los problemas de salud, y para asegurar la accesibilidad de toda la población a servicios sanitarios de calidad, y no sólo a la población que vive en las grandes ciudades y/o en las regiones con ingresos elevados.
En España el RD Ley 16/2012 avanza precisamente en el sentido contrario porque excluye grupos de población de la cobertura universal y porque mediante el cambio de la cartera de servicios y el establecimiento de copagos generalizados pone en marcha barreras económicas para el acceso a las prestaciones sanitarias.
Un problema importante ligado a la viabilidad de los sistemas universales y públicos de salud es una agresiva estrategia comercial que influye en el equilibrio entre la demanda y la oferta de servicios sanitarios aprovechándose de la asimetría de información entre proveedores y usuarios (los profesionales y las empresas proveedoras tienen mucha más información que los ciudadanos y pueden utilizarla para favorecer consumos innecesarios e incluso peligrosos, conviene recordar las 'enfermedades inventadas' que suponen mas del 20 por ciento del gasto sanitario en EEUU). Esta demanda innecesaria es muchas veces incrementada artificialmente por las empresas farmacéuticas o de tecnologías, a la vez que favorecen estilos de vida, inapropiados y de riesgo, y supuestas soluciones que medicalizan la vida sin aportar ventajas para la salud. Este riesgo de sobreconcumo sanitario ineficaz es un riesgo para la viabilidad económica de los sistemas sanitarios y también para la salud de las personas.
En esta línea muchos organismos y movimientos internacionales están propugnando dos estrategias paralelas, por un lado la expansión de la cobertura universal basada en sistemas públicos de salud en los países donde no los hay o son poco potentes (el ejemplo de Latinoamérica es muy importante) y por el otro la defensa y reforzamiento de la cobertura universal y de los sistemas de provisión pública allí donde todavía existen (en Europa, pero también en Canadá, Australia, etc).
En España el Ministerio de Sanidad a la vez que deteriora la cobertura, pone serios obstáculos a la accesibilidad y favorece las privatizaciones, no toma ninguna medida efectiva para cambiar una situación que claramente deriva hacia un cuestionamiento de un modelo de salud y que busca retroceder 40 años dejando a la población en una situación de indefensión sanitaria.