'El nivel de atención que disfrutamos en España tanto en la Sanidad como en los Servicios Sociales no habría sido posible únicamente con recursos públicos'. El director general del Imserso, César Antón, ha defendido con estas palabras los modelos de colaboración público-privada, como cauce para garantizar la satisfacción de la demanda de servicios de los ciudadanos en un contexto de recursos limitados, en el transcurso de una mesa de debate con representantes de la Administración que ha tenido lugar durante la última jornada del V Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida, organizado por la Fundación Edad&Vida.
César Antón ha compartido mesa y reflexiones con el consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz; la consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Asunción Sánchez Zaplana; el viceconsejero de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso; el viceconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Castilla-La Mancha, Jesús Galván Romo; la directora general de Coordinación de la Dependencia de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Carmen Balfagón; y el vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Julio Sánchez Fierro, en una mesa que ha estado presidida por el secretario general de SegurCaixa Adeslas y miembro de la Fundación Edad&Vida, Teótimo Sáez; y moderada por el subdirector general de SARquavitae, José Luis Roselló.
Para César Antón no hay duda de que tanto la Sanidad como los Servicios Sociales 'son dos grandes servicios de responsabilidad pública', pero ha matizado que a la hora de dar respuesta a las necesidades planteadas en esos ámbitos 'hay que hacerlo con todos los medios que tenga el sistema, tanto los públicos como los privados'.
En esa misma línea se ha expresado Boi Ruiz. 'Existe un consenso respecto a que quien debe atender las necesidades sociales más básicas es la Administración, pero eso no significa que absolutamente todo tenga que hacerse con recursos propios', ha dicho.
Problemas de la gestión estrictamente pública
Ruiz ha mencionado los problemas de una gestión estrictamente pública. 'Hay una resistencia a aceptar que la Administración no dispone de la capacidad para adaptarse a una demanda cambiante que sí tiene la empresa privada y, como consecuencia de ello, obligamos a los ciudadanos a adaptarse a la limitada capacidad de respuesta de la Administración', ha dicho, para luego subrayar: 'Venimos de hacerlo todo con los recursos públicos y eso nos ha llevado a un gran endeudamiento'.
Asunción Sánchez Zaplana, por su parte, ha subrayado que tres cuartas partes de las plazas residenciales para mayores que hay en su comunidad se gestionan a través de convenios con el sector privado y ha defendido que ese modelo 'ha redundado en la calidad de vida de los ciudadanos'.
En la misma línea, Jesús Galván ha abogado por vincular las disponibilidades presupuestarias 'a un servicio público universal' y avanzar en la colaboración público-privada 'en todo aquello en lo que la empresa privada pueda ser más eficiente'.
Carmen Balfagón ha subrayado las buenas experiencias de colaboración público-privada en la región en materias como la gestión de hospitales o la red de atención a las personas con enfermedades mentales. 'Las entidades privadas son colaboradores necesarios de las Administraciones Públicas, y en la Comunidad de Madrid estamos muy orgullosos de este modelo que entendemos que nos aporta valor añadido'.
Aquilino Alonso, ha defendido un modelo con 'un sistema sanitario y de servicios sociales potente y de responsabilidad pública', y ha apostado por contar con la colaboración de economía social y tercer sector allí donde no llegue la iniciativa pública. Y para Julio Sánchez Fierro, 'es hora de establecer un nuevo modelo de relación entre el sector público y el sector privado, porque el futuro va a exigir nuevas respuestas y es evidente que el actual modelo no las tiene'.
Teótimo Sáez ha ido un paso más allá y ha asegurado que el futuro dará una respuesta contundente a este debate. 'El desafío que se nos viene encima con el tema de la cronicidad es de tal magnitud que no van a ser suficientes los recursos existentes, ni los públicos ni los privados'.
Experiencias de atención integrada
José Luis Roselló ha desafiado a los ponentes a poner sobre la mesa las experiencias de redes integradas llevadas a cabo en sus respectivas comunidades autónomas. Y Jesús Galván ha asegurado que en Castilla-La Mancha se ha puesto en marcha un Informe Específico de Continuidad Asistencial para las personas de atención prioritaria, de las que se evalúa su situación sanitaria y social para diseñarles un plan de actuación a medida, que define también el lugar dónde se recibirá la atención.
Sánchez Zaplana ha mencionado, por su parte, un programa de atención farmacéutica en centros sociosanitarios y ha subrayado la necesidad de que 'las personas que van a recibir atención participen en el proceso y nos digan lo que quieren'.
Historial clínico único, unidades de servicio multidisciplinares, presupuestos únicos, información compartida... los principales conceptos de atención integrada han ido surgiendo en el debate. Boi Ruiz ha señalado que, al cabo, 'el objetivo es que tenemos que dar una buena respuesta sanitaria para no llegar a una situación de dependencia y una buena respuesta en el ámbito de los servicios sociales para que el riesgo de entrar en una situación de dependencia sea cada vez menor'.
Carmen Balfagón ha subrayado la importancia de la Estrategia de Cronicidad impulsada por el Gobierno, en la que junto a las comunidades autónomas se trabaja para crear un inventario aceptado por todos de Servicios Sociales. Y Aquilino Alonso ha puesto el acento en integrar los historiales médicos y sociales de los pacientes.
César Antón, por su parte, ha mencionado entre otras la estrategia para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas impulsada desde el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia. Y Julio Sánchez Fierro ha puesto el contrapunto jurídico a todas estas iniciativas políticas: 'Tenemos una base jurídica sólida para poner en marcha redes integradas de atención, pero no basta con eso sino que esa base hay que desarrollarla para construir un marco jurídico que dé certidumbre a los actores', ha dicho.