El acceso a los medicamentos innovadores para la Hepatitis C, enfermedad que afecta a miles de enfermos, es hoy un problema de Salud Pública de primer orden, que presenta dificultades de financiación ante su elevado precio final en los diferentes mercados que varía entre los 69.000 euros por tratamiento en EEUU, el país donde es más caro, a los 750 euros en India y Egipto, cuando el coste real de producción de estos fármacos antivirales orales puede oscilar entre los 50 y 100 euros por paciente, según estudios publicados.
Ante esta situación, la Organización Médica Colegial, que hace tres meses publicó el Informe sobre el Sector Farmacéutico, reitera la necesidad de una reforma en profundidad de la industria farmacéutica, clave en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y en la implementación de las medidas necesarias para salvaguardarlo, entre las que está que en la incorporación de nuevos fármacos de eficacia y seguridad demostrada deben primer criterios de Salud Pública y que el beneficio industrial sea proporcionado a los costes de producción e investigación, estableciendo un precio justo negociado.
Este caso de acceso para miles de enfermos a estos nuevos fármacos antivirales orales es una clara muestra de la situación del sector que, con su agresiva política de precios de estos medicamentos, puede comprometer la calidad de otras prestaciones sanitarias, desequilibrar la oferta de otros servicios esenciales, reducir los gastos de inversión en infraestructuras y tecnologías apropiadas y seguir devaluando las rentas salariales de los profesionales sanitarios.
Ante esta situación, la OMC, 'defensora por encima de todo de los pacientes', aboga por creación de un fondo de financiación específico y con carácter finalista que dé cobertura a las necesidades definidas por el Comité de Expertos del Plan Estratégico de abordaje de la Hepatitis C, y que el acceso a estos fármacos sea homogéneo en todas las CC.AA.
Sin negociación en la UE
En el documento que ha elaborado para denunciar la situación existente en España, la OMC muestra su sorpresa por el hecho de que en la Unión Europea 'no se haya producido una negociación conjunta para establecer su mejor y más justo precio. Y sería necesario conocer las razones por las que se rechazó la propuesta del Gobierno francés en julio del 2014 para crear una plataforma específica con el fin de negociar un precio apropiado para estos medicamentos innovadores'.
'Cada Gobierno de la UE negocia el precio sin coordinación entre ellos, con poca transparencia y rendición de cuentas, a pesar de su importancia económica y social. El Gobierno español, según información de la prensa, se opuso sorprendentemente a una mutualización en la política de precios, por entender que no era necesario un instrumento específico para abaratar el medicamento', añade.
En España, el resumen para la OMC es que la insuficiencia financiera del SNS está poniendo en riesgo la atención a las necesidades reales de salud de los pacientes, y la salud y la vida de las personas son bienes socialmente preferentes frente al valor del dinero y el oportunismo económico, y deben condicionar las actuaciones políticas y los servicios públicos esenciales.
Del mismo modo, estima la institución, 'no se puede comprometer la vida y la salud de los pacientes en razón a unos medicamentos con precios abusivos, codiciosos e injustos. El acceso universal, solidario y gratuito a los fármacos de dispensación hospitalaria es uno de los pilares de nuestro SNS. No es éticamente admisible ni equitativo que el acceso a los mismos fuera diferente entre CC.AA'.
Por último, la OMC denuncia: 'Los retrasos en el acceso a nuevos fármacos de eficacia y seguridad probada por la Agencia Europea del Medicamento pudieran derivar en responsabilidad patrimonial, cuando no penal, si se demuestra inacción de las Administraciones Públicas'.
Propuestas de los médicos
1. Es necesario proporcionar de forma homogénea en todas las CC. AA el acceso a los medicamentos de probada eficacia para la Hepatitis C y para cualquier otra enfermedad, debiendo éstos recibir la financiación adecuada de forma inmediata y finalista.
2. Dado que es previsible la llegada en poco tiempo de asociaciones fijas de nuevas terapias antivirales orales, más eficaces aún, es preciso definir criterios médicos de gravedad y pronóstico para priorizar las indicaciones de tratamiento con valores explícitos de equidad, a cuyo consenso se ofrece a colaborar la Organización Médica Colegial.
3. El Estado debe transmitir a la industria manufacturera farmacéutica que en la incorporación de fármacos innovadores de eficacia y seguridad demostrada deben primar criterios de Salud Pública y el interés de atención sanitaria a los pacientes; y que el beneficio industrial debe ser prudente y proporcionado a los costes de producción e investigación, estableciendo un precio justo negociado.
4. El actual modelo de relaciones de la industria farmacéutica con el SNS, que se concreta a lo largo de toda la cadena de valor del medicamento y muy especialmente en la investigación, producción y financiación de nuevos fármacos, está agotado y precisa una reforma en profundidad.
5. El dilema ético de los médicos, al no poder prescribir un medicamento que consideran útil para los pacientes por la restricción presupuestaria y el precio excesivo del mismo, obliga a la OMC a plantear la necesidad y urgencia de dicha reforma, en cuyo diseño se ofrece a participar de forma constructiva.
6. Creación desde el Gobierno de España de un Fondo de Financiación Especifico y con carácter finalista que dé cobertura a las necesidades definidas por el Comité de Expertos del Plan Estratégico de abordaje de la Hepatitis C, así como atendiendo a los informes preceptivos elaborados por las Agencias Públicas de Evaluación del conjunto del SNS.
7. Insistir en la necesidad de creación de una Agencia Nacional de Evaluación e Investigación de Tecnología y Servicios del SNS, independiente y participada colegiadamente por los Servicios de Salud de todas las CCAA, que guíe desde principio de buen gobierno los procesos de decisión y fundamente económica y socialmente la incorporación de nuevas prestaciones y productos sanitarios.
8. Por último, nos reiteramos desde nuestra responsabilidad social en la necesidad de crear un Pacto de Estado por la Sanidad, suscrito por todos los grupos políticos para abordar las reformas estructurales pendientes en aras de la sostenibilidad del SNS y la mejor atención a las necesidades de los pacientes.
Denuncia la 'codicia'
La Organización Médica Colegial (OMC) ha acusado a los laboratorios farmacéuticos que comercializan los medicamentos de última generación para la hepatitis C de fijar unos precios 'abusivos, codiciosos e injustos' y avisa de que puede provocar un 'colapso financiero' que acabe con el Sistema Nacional de Salud.
'Es pura codicia, a menos que lo que se busque sea hacer caer los sistemas sanitarios', ha defendido el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, durante la presentación de un documento elaborado por esta institución para denunciar la situación que se está produciendo.
La OMC ha criticado a la industria por 'abusar' de la 'insuficiencia financiera' que tiene la Sanidad pública española y fijar un precio 'excesivo' para los nuevos medicamentos que se han aprobado en el último año contra la hepatitis C. 'Tú tienes una necesidad y yo abuso de ella', ha criticado.
El presidente del organismo cree que esta situación puede abrir 'la senda del abuso' a los fabricantes de otros medicamentos innovadores para otras enfermedades y puede hacer 'saltar las alarmas' de la Sanidad pública al no haber dinero suficiente para pagarlos todos. Sobre todo porque, según ha reconocido, estos fármacos 'cuestan el salario bruto de un médico en España'.
Rodríguez Sendín ha reconocido que el Ministerio 'no lo tiene fácil' y defiende que han reaccionado 'cuando han podido'. 'Con estos precios, se lo tienen que pensar', ha lamentado el presidente de la OMC, para quien 'con independencia de cuánto sea y cómo se llame' debe haber un 'dinero previsto' que garantice que los medicamentos se usan 'en condiciones de equidad' en todas las comunidades.
Además, se ha mostrado comprensivo con la necesidad de 'priorizar' a los pacientes más graves sin que eso signifique que el resto se quede sin tratar, y ha defendido la independencia de los expertos designados por el Ministerio para definir los criterios de uso de estos fármacos, pese a la relación que puedan tener con la industria farmacéutica. 'Todos tenemos relación con la industria, otra cosa es que sea confesable', ha admitido.