El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha recibido a una delegación de la OMC, encabezada por el presidente, el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, para abordar la problemática de las agresiones a sanitarios. En el encuentro, celebrado en la sede de la Fiscalía, han participado, por parte de esta institución, además de Eduardo Torres-Dulce, los fiscales de la Secretaria Técnica, José Antonio del Cerro y Joaquín Soto. Y, por parte de la OMC, además del presidente, los doctores Serafín Romero, secretario general, y José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio de Agresiones de la Corporación.
En el encuentro, el presidente de la OMC ha expuesto al Fiscal General del Estado la situación de las agresiones a médicos, que en el año 2012 alcanzaron la cifra de 416 casos, así como las cerca de 90 sentencias judiciales que el Observatorio de Agresiones ha registrado en los últimos tres años, en las que existe una variabilidad de respuestas ante casos similares de violencia contra profesionales sanitarios. En el encuentro, se expuso la necesidad de unificar criterios ante casos similares de agresiones a médicos, considerados delitos contra la autoridad pública.
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, expresó su solidaridad con los planteamientos expuestos por la corporación médica y se comprometió a establecer un canal de comunicación directo y permanente para el seguimiento de las sentencias recopiladas.
Asimismo, ofreció la posibilidad de llegar a un acuerdo entre la Fiscalía General del Estado y la OMC para trabajar en este sentido y, a la vez, establecer jornadas conjuntas para avanzar en la sensibilización y mayor conocimiento por parte de los Fiscales ante este tipo de casos con el fin de que haya una mayor unificación de criterios.
Convenios en siete CCAA
Este acuerdo vendría a consolidar los convenios firmados entre las Fiscalías provinciales y los Consejos Autonómicos de Colegios de Médicos en siete comunidades autónomas que han servido, sin duda, para avanzar en procedimientos judiciales rápidos, expeditivos y ejemplarizantes, en los que la consideración de las agresiones a médicos como delito de atentado contra la autoridad pública ha sido esencial.
El presidente de la OMC expresó al Fiscal General del Estado su convencimiento de que estos convenios hayan podido repercutir en el número de agresiones que, en 2012, disminuyeron en un 16 por ciento respecto a las registradas en al año anterior.
En la reunión, Torres-Dulce hizo alusión al documento denominado Consulta que el Fiscal General del Estado trasladó en 2008 a los Fiscales Superiores y Fiscales Jefes Provinciales sobre la calificación jurídico-penal de las agresiones a funcionarios públicos en el ámbito sanitario y educativo en la que se concretaban las circunstancias que deben concurrir para que los profesionales que ejercen funciones públicas en la sanidad estén amparados y la jurisprudencia al respecto ante estos hechos de violencia.
El Fiscal General del Estado expresó a la delegación de la OMC su convencimiento de que los datos aportados por el Observatorio de Agresiones sobre las sentencias serán de gran ayuda para la Fiscalía a la hora de examinar los límites de dicha Consulta y, en su caso, ver la posibilidad de establecer una instrucción más precisa.
En la reunión bilateral entre la Fiscalía General del Estado y la OMC también se analizaron diferentes medidas para abordar los casos de agresiones que se producen en el ámbito privado.
El Observatorio de Agresiones de la OMC
Según los datos del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), en los últimos tres años, los médicos han sufrido en el ejercicio de su profesión 1.363 agresiones que van desde amenazas, coacciones, maltrato, injurias y/o vejaciones hasta casos de violencia física. El año pasado se contabilizaron 416 casos, de los cuales en un 18 por ciento de ellos hubo lesiones.
La OMC puso en marcha en 2010 este Observatorio de Agresiones con el objetivo de establecer acciones encaminadas a evitar en la medida de lo posible estas agresiones que, además de repercutir gravemente en la salud y en la calidad de vida del profesional agredido, afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria, uno de los pilares básicos de nuestra sociedad del bienestar.