El Parlamento Europeo está planteando la posibilidad de poner en marcha un ‘pasaporte inmunitario’ en el contexto de la pandemia por la COVID-19 antes de este verano. Para analizar los pros y los contras de este 'certificado verde digital', la
Fundación Alternativas ha organizado
una jornada con expertos de diferentes ámbitos, que han valorado los aspectos sanitarios, éticos, políticos y económicos.
Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, ha resumido las principales conclusiones del debate. “El pasaporte sanitario es una cuestión central ahora mismo en Europa y en el mundo. La discriminación fundamental en relación con la pandemia es el tema de la vacunación. Los países ricos se vacunarán mucho antes que otros pobres. Este debe ser el centro de la cuestión, y no el certificado”.
Según ha comentado, la Comisión Europea ha intentado unificar criterios para evitar que cada estado miembro vaya por su lado. “La función latente de este certificado es la promoción de la vacunación. Quien esté vacunado tendrá ventajas, aunque el certificado también puede incluir a personas que han pasado la COVID-19 o aquellas que han superado un test”.
Posible discriminación para el acceso al empleo
Entre los aspectos negativos, ha dicho que el certificado podría usarse “para discriminar, por ejemplo, en el acceso al empleo”. “Realmente el reglamento de la UE está planteando una gran temporalidad. Cuando se termine la pandemia, o, cuando pase un año, el certificado deja de estar en vigor. Por tanto, va a tener una limitación temporal clarísima. Está destinado a regular la libre circulación dentro de la Unión Europea”.
La moderadora del debate ha sido
María Ángeles Ahumada, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid y patrona de la Fundación Alternativas.
Perspectiva legal del pasaporte inmunitario
La perspectiva legal la ha ofrecido
José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad CEU-San Pablo de Madrid. También ha sido director de la Agencia Española de Protección de Datos y asesor en CMS Albiñana & Suárez de Lezo.
Este experto ha comentado que el pasaporte sanitario “es una propuesta técnica que pretende aprobar un certificado con garantías de interoperabilidad. El objetivo es utilizarlo en todos los países miembro sin problemas técnicos, a partir de finales de mayo o principios de junio. La idea es conseguir la libre circulación de los ciudadanos durante el verano”.
Protección de datos
Según ha destacado José Luis Piñar, una cuestión que complica la viabilidad de este documento es “el tratamiento y la protección de los datos personales y sanitarios”. “Sería necesario un compromiso internacional de más largo alcance para facilitar esta información. Debemos evitar a toda costa hacer un documento para privilegiados. No se debería evitar la circulación de personas que no supongan un riesgo”.
Este experto en Derecho se ha preguntado “¿quién va a tener acceso a los datos sanitarios de vacunación o de pruebas?, ¿y quién los va a gestionar?”. Son cuestiones que todavía no tienen respuesta.
Prioridad: vacunación
En general, los participantes en el coloquio han coincidido en señalar que la prioridad en el ámbito de la pandemia debe ser el impulso de la vacunación. Así lo ha indicado
Itziar de Lecuona, profesora del Departamento de Medicina y subdirectora del Observatorio de Bioética y Derecho-Cátedra Unesco de Bioética de la Universidad de Barcelona.
“El verano reactiva parte de la economía, es una cuestión que nadie cuestiona. El problema es que vamos con retraso en la distribución y acceso a la vacuna. No se están cumpliendo las expectativas. Hay que dar prioridad al acceso a las vacunas, y de manera universal”, ha comentado.
Perspectiva sanitaria del pasaporte inmunitario
El punto de vista sanitario lo ha aportado
Amós José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. “El pasaporte inmunitario suena bien en el aspecto económico, porque nuestra principal industria es el turismo. Honestamente, plantear este debate en estos momentos me parece un tanto arriesgado. Tenemos un 6% de vacunación, y, aunque esta tasa aumentará durante mayo, es difícil conseguir una inmunidad de rebaño que nos permita alcanzar una situación más normal antes del verano”.
Este especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública ha mostrado todas sus dudas. “Me preocupa el pasaporte sanitario desde el punto de vista sanitario, epidemiológico, ético y de derechos humanos. Tenemos que discutir mucho sobre este instrumento. Tiene aspectos positivos, pero le falta recorrido en cuanto a otros aspectos”.
Mensaje económico erróneo
En la misma línea se ha manifestado
Federico de Montalvo, profesor de Derecho Constitucional de ICADE y presidente del Comité de Bioética de España. “En el Comité nos hemos pronunciado. Es un tema de la Unión Europea que no se ha planteado a nivel nacional. El mensaje inicial, en clave económica, es erróneo. Debemos recuperar el derecho a la circulación, es un derecho básico. Me preocupa el nivel de vacunación y los problemas de la diferentes vacunas”
Derechos humanos
Una visión más internacional ha sido la aportada por
Susie Alegre, de la consultora Doughty Street Chambers de Londres. Esta abogada especializada en derechos humanos se ha mostrado escéptica respecto a la utilidad de un certificado sanitario. Ha dicho que “no evitará la transmisibilidad”. Tampoco ve la forma de conciliar un documento de esas características con los derechos humanos.
“Desde Reino Unido no tenemos propuestas concretas. Se trata de un pasaporte sanitario para salir del país, un estatus
COVID. En el Reino Unido lo hemos pasado muy mal, pero estamos mejorando gracias a la vacunación. Pronto vamos a estar en una situación mejor que en otros países europeos, y no sabemos si podremos usar el pasaporte europeo, porque no tendremos libertad de movimiento. No sé cómo funcionará a nivel de derechos, no sabemos si en verano podremos salir del país”.
