La Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS) y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), se han adherido a lo descrito por la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) en su reciente nota de prensa 'Todos los ciudadanos y profesionales están en la obligación de notificar las sospechas de maltrato y de abuso sexual infantil'.
La SEPS y la SEPEAP lamentan 'el retraso que se ha producido en la detección y notificación de estos casos, lo que ha impedido que las víctimas reciban en su momento la adecuada protección y el tratamiento necesario'.
Para ambas sociedades, la baja notificación de casos de sospecha de abuso sexual y de otras formas de maltrato se da en todos los sectores, no sólo en el sector educativo, por lo que 'esta Nota de Prensa no debe entenderse como una crítica dirigida específicamente hacia los profesores. Ponemos de relieve que esta infranotificación generalizada de los abusos y la escasez de datos disponibles pueden deberse, en parte, a la inadecuación de los sistemas de registro y de notificación', señalan.
Por eso confiesan estar preocupadas 'por la falta de políticas de sensibilización y formación de profesionales y por el incumplimiento de los protocolos establecidos en las diferentes comunidades autónomas; por lo que proponemos desarrollar programas de formación y refuerzo a los profesionales e impulsar el desarrollo de Unidades de Atención al Maltrato Infantil', concluyen.
En su nota de prensa, la FAPMI, 'ante las últimas informaciones y/o declaraciones que han aparecido en diversos medios de comunicación sobre casos de abuso sexual contra personas menores de edad y en especial con respecto al último caso de Madrid', manifiesta 'la fuerte preocupación sobre cómo se está tratando un tema tan importante y especialmente, porque de la mayoría de estas declaraciones e informaciones se puede deducir que la notificación de una situación de abuso sexual o cualquier otra forma de maltrato infantil es opcional para el adulto que tiene conocimiento de la misma'.
La FAPMI ha querido aclarar que, de acuerdo con la legislación vigente en España, la notificación es una obligación legal para todos los ciudadanos, especialmente para los profesionales que deben conocer y utilizar los protocolos y hojas de notificación establecidas al efecto.
Y cita la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE nº 15, de 17 de enero), en su Artículo 13; el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y, con carácter general, el Artículo 259 de la misma Ley.
Un problema oculto
La FAPMIA incide en que el maltrato infantil, en todas sus modalidades- es 'un fenómeno oculto. Los agresores tratan de ocultarlo y las víctimas no lo revelan por estar coaccionadas por el agresor o por ser manipuladas por éste. En la mayor parte de los casos, los niños, niñas y adolescentes no son capaces de comunicar por sí mismos una situación de esta naturaleza. Necesitan el apoyo y mediación de los adultos tanto en la detección como en la posterior comunicación'.
Y que, además, 'la única forma de activar los recursos de apoyo y protección a las víctimas es la detección de posibles situaciones de maltrato y su inmediata comunicación a los dispositivos existentes para atender estas situaciones'.
Para la Federación, 'detección y notificación son dos conceptos indisolubles'. Y la responsabilidad de verificar o de confirmar el maltrato 'no corresponde al notificante, sino a los servicios especializados. Los ciudadanos en general y los profesionales relacionados con la atención a la infancia en particular, están en la obligación de notificar sus sospechas. No es necesario esperar a que dispongan de la certeza de que una persona menor de edad está siendo víctima de maltrato'.
Eso sí, 'notificación y denuncia no son sinónimos. La denuncia es posterior a la verificación del caso y no corresponde al ciudadano ni al profesional que ha notificado. La notificación puede ser anónima y los dispositivos especializados están en la obligación de iniciar las diligencias oportunas dirigidas a la protección de las posibles víctimas'.
Está a disposición de los ciudadanos, profesionales y personas menores de edad, informa el Teléfono Europeo de Ayuda a la Infancia (116 111).