La reticencia a hablar de los que dan sus órganos por miedo a ser perseguidos, la falta de acuerdo entre los países acerca de las sanciones a aplicar a aquellos que compran órganos y la poca consistencia en la aplicación de las leyes son algunos de los factores que hacen difícil determinar el verdadero alcance del tráfico de órganos, según concluye una investigación, cuyos resultados se publican en 'Transplantation'.
Además, este estudio alude a la elevada posición de los cirujanos, que hace que practiquen trasplantes ilegales a sabiendas de que sólo serán capturados si los colegas lo notifican a los organismos reguladores. Los autores del trabajo apuntan también que la naturaleza de los delitos de tráfico de órganos supone que pueden abarcar varios países, por lo que seguir los órganos resulta difícil.
Finalmente, el informe denuncia que las aseguradoras juegan un papel en la proliferación del tráfico de órganos mediante el pago de un tratamiento de seguimiento a pacientes trasplantados. Por todo ello, la principal autora del análisis, Ana Manzano, de la Escuela de Sociología y Política Social de la Universidad de Leeds, en Reino Unido, reclama un esfuerzo internacional para hacer frente a esta cuestión.
'A menos que se resuelvan estos problemas y los países trabajen juntos para tomar medidas enérgicas contra los traficantes, más personas con cuyos órganos se ha traficado morirán', alerta esta experta. A su juicio, la combinación de estos factores significa que nadie sabe definitivamente cómo se comercializan muchos órganos en todo el mundo.
'En conjunto, estos factores han contribuido a crear la práctica de lavado de órgano, de forma que la compra ilegal de órganos adquiere la apariencia de un negocio jurídico', lamenta. 'Los países deberían seguir el ejemplo de países como España, donde es obligatorio presentar informes al receptor de un órgano comprado en el extranjero si se solicita atención de seguimiento', resalta.
Aunque no hay una definición internacional sobre el 'tráfico de órganos', éste se define ampliamente como situaciones en las que las personas son engañadas para que renuncien a los órganos, pueden venderlos para obtener ganancias económicas, pero no son pagados según lo acordado. 'Si los países no hacen nada al respecto, las consecuencias para los donantes y los receptores pueden ser terribles, ya que pueden tener que lidiar con resultados de salud horribles', concluye Manzano.
