Aumenta porcentaje de personas que prefieren la Sanidad Pública para consultas externas y hospitalización

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha presentado esta mañana el informe de la Atención Especializada en las CCAA. En ella, su portavoz, Marciano Sánchez Bayle, ha enfatizado puntos clave del sector en la actualidad. Dicho informe destaca que el gasto en Atención Especializada (AE) no debería superar el 60 % del gasto sanitario público: “Esto es así siempre y cuando se cumplan condiciones como el aumento del gasto sanitario público, en torno a 1000 € por habitante y año, para así nivelarnos con el promedio de la Unión Europea; reducir el gasto farmacéutico hospitalario para así colocarlo por debajo del 14  % del total del gasto en AE, ya que actualmente se encuentra en el 17 % y disminuir el gasto destinado a las privatizaciones”. Por otro lado, han opinado que 'se tiene que disminuir de manera significativa el gasto en conciertos para que no supere el 5 % y paralizar las privatizaciones en AE para iniciar un proceso de recuperación de lo privatizado hasta el presente. Para ello, hay que realizar cambios en la legislación, como la derogación de la Ley 15/97 y el blindaje de la provisión sanitaria pública'. Otra matización ofrecida es que “el gasto farmacéutico hospitalario continúa en un aumento imparable y muy superior al incremento del gasto sanitario hospitalario en su conjunto”. Además, “debe garantizarse que el aumento del gasto farmacéutico en AE se sitúe al menos un punto por debajo del crecimiento presupuestario de este nivel asistencial, con el objetivo de reducir el porcentaje de gasto farmacéutico progresivamente hasta alcanzar el 14 %”. En este sentido, han opinado, “debemos de incrementar la utilización de genéricos y biosimilares”. Asimismo, insisten en que “tenemos que favorecer una empresa pública farmacéutica para conseguir una mayor independencia de las multinacionales del sector”, por lo que “hay que regular estrictamente los conflictos de interés entre profesionales sanitarios y la industria farmacéutica”. En este sentido, “el sistema sanitario público debe garantizar la formación continuada de los profesionales con independencia de las empresas farmacéuticas y de tecnología sanitaria”.

Necesidad de más recursos y camas

También han insistido en que se deben incrementar de manera importante el número de camas hospitalarias con el objetivo de conseguir entre 4,5 y 5 camas por cada 1000 habitantes, lo que supone entre 50000 y 80000 camas en todo el país. En cuanto a listas de espera recomiendan que hay que reducirlas, tanto la quirúrgica (LEQ), como en las consultas externas (LEC). “El objetivo debería ser que nadie espere más de 6 meses en LEQ, ni más de 60 días en LEC, y que las primeras consultas se realicen en 15 días en más del 90 % de los casos”.

La importancia de la opinión de la ciudadanía

Según se matiza en el informe, “la satisfacción de la población con el sistema sanitario público ha descendido desde 2010, 0,31 puntos, y más aún si lo consideramos desde 2019 (el año anterior a la pandemia), en este caso 0,48 puntos. En 2022 todas las CC. AA. superan el 6 en la puntuación excepto Andalucía (5,89) con la máxima puntuación en Cantabria (6,84)”. No obstante, se ha especificado que el porcentaje de personas que prefieren la Sanidad Pública para consultas externas y para hospitalización ha aumentado entre 2010 y 2022. “En 2022 el porcentaje que prefiere las consultas del especialista en el sistema público va desde el 63,7 % en Navarra al 45,3 % en Canarias y el de quienes prefieren la hospitalización en un centro público entre el 85 % en Cantabria y el 71,7 % en Andalucía”. En cuanto a la hospitalización en la Sanidad Pública, su preferencia aumenta bastante desde 2010 “(58,79 % versus 75,2 % en 2022), es probable que la experiencia de la pandemia haya influido, porque los hospitales públicos fueron determinantes para abordarla. En 2022 esta preferencia oscila entre el 85 % en Cantabria y el 67,9 % en Baleares”, recalcan. Así, “la percepción de la atención recibida por parte del personal médico en AE ha sufrido un aumento en las valoraciones positivas y una disminución en las negativas”. Por otro lado, han opinado que deben incluirse en los estándares de calidad de la AE las opiniones de la ciudadanía, tanto la recogida a través de encuestas de opinión, como las expresadas por las organizaciones sociales. Para ello, dicen, es imprescindible la puesta en funcionamiento de organismos de participación social y profesional en los centros de AE, con capacidad real para intervenir en la planificación y gestión de los mismos. Para concluir, han incidido en que “sería conveniente la realización de un acuerdo estratégico sobre la Atención Especializada que estableciera los objetivos e instrumentos para garantizar una AE de calidad en la Sanidad Pública, incluyendo un modelo de organizaciones y gestión, así como de la configuración de las especialidades médicas y de enfermería”.