En abril de 2021, las personas mayores que viven en residencias han sido ya completamente vacunadas y las defunciones por COVID han disminuido mucho. En la segunda semana de abril, se registraron 13 fallecimientos por COVID en las residencias de la Comunidad de Madrid y 5 en las residencias del resto de España(1). Aun así, no podemos olvidar las 30.117 defunciones por COVID en las residencias de España, más del 40% del total de muertes ocurridas en los primeros 12 meses de pandemia.
Hay variaciones en la mortalidad por COVID en residencias entre CC. AA. La
figura muestra estas diferencias como exceso porcentual de mortalidad (2). Las defunciones por COVID no ocurrieron de forma proporcional a la población de residentes en cada Comunidad Autónoma. Destaca el exceso de mortalidad de las residencias de Madrid, que fue de 52,9% comparado con la media española. La variabilidad demuestra que la propagación del virus en las residencias fue muy diferente en los distintos territorios, sugiriendo diferencias de gestión en la prevención y control de los brotes que deben ser analizadas para mejorar la preparación ante futuras epidemias.
La propagación de la COVID en las residencias de personas mayores no ha sido simplemente un problema originado por una enfermedad infecciosa desconocida. Ha ocurrido porque las residencias no estaban preparadas para hacer frente a una epidemia debido a graves problemas estructurales y organizativos, cuya resolución requiere de una profunda restructuración del sector de cuidados de larga duración a fin de asegurar la calidad de vida de las personas mayores que requieren estos cuidados. En este texto solo intentaremos dar claves para abordar urgentemente la preparación frente a futuras epidemias, aunque esperamos que estas reflexiones muy concretas contribuyan al debate sobre los problemas de fondo de nuestro sistema residencial. Ofrecemos un breve análisis de los factores que facilitaron la desprotección de los mayores que vivían en residencias, planteamos algunos principios para guiar las actuaciones y concluimos con algunas recomendaciones urgentes para mejorar la preparación de las residencias frente a las epidemias de enfermedades infecciosas.
Análisis del contexto antes de la pandemia
Antes de tratar los factores específicos que determinan la entrada de la COVID en las residencias de personas mayores, es necesario analizar la situación del sector de cuidados de larga duración en España inmediatamente antes de la aparición de la pandemia y que son consecuencia de las políticas de austeridad que se tomaron durante la gran recesión que se inició en 2008 (3).
1)
Reducción del gasto público. Reducción muy acusada de las transferencias del Gobierno central a las comunidades autónomas para los cuidados, lo que supuso una barrera en la implementación de la Ley de Dependencia.
2)
Gestión privada de las residencias públicas. Mediante la contratación pública se privatizan los servicios ofrecidos en las residencias de personas mayores. En 2020, de las 375.947 plazas, solo 13% son de titularidad pública, las restantes 87% son de gestión privada.
3)
Fondos de inversión de capital principalmente extranjero compran muchas de las residencias del tejido empresarial español y construyen una red de macro-residencias de ámbito nacional. Recordemos que estas empresas son responsables frente a sus accionistas de obtener un beneficio económico. El lucro está asegurado, puesto que se cobra el importe de la plaza al sector público y el margen de beneficio esperado se deduce de la financiación pública de las plazas o del pago directo del residente (4).
4)
Escasa o nula coordinación entre el sector de cuidados de larga duración, la Atención Primaria de salud y la atención especializada. Las residencias, último eslabón de la cadena de servicios de larga duración, y el eslabón más costoso, termina siendo la solución solicitada por las personas mayores que preferirían envejecer en sus domicilios con programas de ayuda para las actividades de la vida diaria y el mantenimiento del hogar. Hay que agregar la práctica ausencia de la salud pública y la epidemiología, lo que explica la falta de preparación ante brotes epidémicos.
5)
Financiación insuficiente de las plazas de residencia concertadas con el sector privado. La infrafinanciación crónica tiene importantes consecuencias para la calidad del servicio. Un estudio de costes-precio de las plazas concertadas realizado en 2018 constata que “el mapa de precios del Estado parece ser más el resultado de la capacidad presupuestaria de cada autonomía que consecuencia del estudio analítico coste-plaza” (5). El estudio concluye que la relación de coste-precio en Guipúzcoa es la más adecuada para prestar los servicios con los recursos humanos y materiales que se requieren en cada grado de dependencia, pero insuficiente para garantizar lucrarse con cada euro invertido.
6)
Espacios y habitaciones compartidas. Las residencias no fueron construidas para facilitar la prevención y control de las infecciones. Hay muchos espacios comunes: baños, salas de estar, comedores. Muchas habitaciones son compartidas para reducir costes o para aumentar ocupación. Todo ello dificulta enormemente el mantenimiento de la higiene en la mayoría que tiene más de 100 plazas, llegando incluso a más de 500.
7)
Precariedad laboral, definida por bajos salarios, temporalidad y limitación de beneficios. Las trabajadoras son reclutadas en los estratos sociales con mayor vulnerabilidad. El trabajo de cuidadora en una residencia de personas mayores no tiene prestigio social y se considera que es un empleo para el que no se requiere cualificación. Esta precariedad lleva a muchas trabajadoras a prestar servicios en varias residencias, lo que facilita enormemente la propagación de las infecciones entre residencias.
8)
Las horas diarias de cuidados directos por residente son insuficientes. El cuidado personal para la higiene y la alimentación se realizan con rapidez. Las comidas, el baño, la ayuda para la higiene corporal, incluso el cambio de pañales, deben realizarse en un tiempo cronometrado.
9)
La formación de los trabajadores en el puesto de trabajo es muy limitada. Este aspecto ha sido particularmente relevante en la situación epidémica actual, donde los trabajadores de las residencias carecen de los conocimientos y habilidades para prevenir las infecciones ante un virus extraordinariamente infeccioso.
10)
Las inspecciones de la Administración Pública son escasas y generalmente no se plantean el objetivo de asegurar la calidad de vida de los residentes y los trabajadores. Suelen realizarse como respuesta a las denuncias en los medios de comunicación y en los juzgados, realizadas por los familiares de los residentes y, en ocasiones, los inspectores avisan de la fecha de la visita.
Algunos principios orientativos para la acción
Afrontar la preparación ante nuevas epidemias requiere, en primer lugar, contar con información para guiar la toma de decisiones. Se necesita recoger información, analizarla y actuar sobre ella con medidas evaluables y sustentadas en los conocimientos científicos abriendo canales de comunicación entre la administración pública, la dirección de las residencias, los trabajadores, los residentes y sus familias. Enunciamos algunos principios para asegurar la calidad de la información y su comunicación.
1)
La financiación debe ser suficiente. La financiación de las plazas de residencia en España varía mucho entre comunidades autónomas y es insuficiente. Se debería basar en un cálculo real de necesidades para asegurar el bienestar de los residentes y debería incluir financiación para los sistemas de información y comunicación que permitan la rendición de cuentas.
2)
La calidad de los cuidados está íntimamente ligada a la calidad de vida, a la higiene y a la prevención de las infecciones. La calidad debe ser evaluable cualitativa y cuantitativamente.
3) Se debe disponer de
información sobre los recursos materiales y profesionales y la salud de los residentes y las trabajadoras, incluyendo la vigilancia de infecciones. Esta información debe ser recogida a diario, verificada y analizada; y los informes deben ser prácticos, rápidos, públicos y accesibles a los residentes, los trabajadores y los familiares.
4) Se deben poner en marcha
mecanismos para asegurar que se toman medidas en respuesta a los indicadores del sistema de vigilancia epidemiológica. Estas medidas deben ser apoyadas por las administraciones de las CC. AA. y del Gobierno central.
5) Las personas mayores que viven en instituciones son muy vulnerables, ya que se encuentran en situación de dependencia y con escaso poder para influir en las políticas locales y estatales (6).
Cualquier actuación debe tener en cuenta la equidad. El manejo de la pandemia ha sido un ejemplo de edadismo, en el que la salud pública ha fracasado en su misión de proteger la salud de los residentes y las trabajadoras que prestan cuidados y la vida de la población institucionalizada. El sistema de vigilancia epidemiológica que proponemos debe recoger información, tanto para residentes como para trabajadoras, sobre las características demográficas, sociales y económicas de las poblaciones vulnerables: edad, sexo, nivel de educación, situación económica, estado de inmigrante, y, en el caso de las personas residentes, su situación funcional, física y cognitiva (7). Esta información contribuirá a mejorar la eficacia y equidad de las intervenciones sanitarias y sociales para prevenir y controlar las epidemias.
Recomendaciones urgentes para mejorar la preparación de las residencias frente a las epidemias
de enfermedades infecciosas
En España, la población de residentes y trabajadores ha sido estimada en más de medio millón de personas que viven o trabajan en residencias de personas mayores (8), en septiembre de 2020: 312.894 residentes y 229.288 trabajadoras. Utilizamos el sustantivo, trabajadoras, en femenino, porque casi la totalidad de las personas que prestan cuidados en residencias de personas mayores son mujeres.
1)
Plan de contingencia. Todas las residencias deben tener un plan de intervención en caso de epidemias. Este plan debe precisar la persona que será responsable de la prevención y de tomar las medidas de control en caso de producirse un brote epidémico. Esta persona, que podría ser una trabajadora de la residencia con la formación adecuada, apoyará sus decisiones en un comité de prevención y control de epidemias constituidos por trabajadores, residentes y familiares. El plan de contingencia debe incluir indicadores organizacionales, de recursos materiales y profesionales y epidemiológicos. El comité presentará informes públicos de sus actuaciones.
2) La
formación de los trabajadores de la residencia en control de infecciones y, específicamente, en control de la COVID-19. Se debe establecer la carrera profesional de cuidados a las personas mayores en situación de dependencia que incluya una especialización en cuidados residenciales. Parte de la formación debe incluir las medidas de prevención y control de infecciones.
3) Las
cuidadoras deben estar contratadas a tiempo completo con salarios suficientes y, en todo caso, por encima del salario mínimo y, de acuerdo con su preparación, con beneficios laborales y con servicios eficaces de prevención e higiene en el trabajo. Estos servicios deben incluir la fisioterapia y la atención a la salud mental.
4)
Los trabajadores no deben prestar servicios en más de una residencia por norma general. Quienes trabajen en más de un centro deben recibir una autorización de parte de la administración pública justificada por la naturaleza de su trabajo y sus nombres deben registrase para poder identificarlos rápidamente en caso de brotes epidémicos.
5)
Todos los centros deben tener facilidades para aislar adecuadamente a personas con sospecha de infección o casos confirmados. Si esto no fuera posible, las personas en esta situación deben ser trasferidas donde este aislamiento sea posible.
6)
Los planes de intervención en caso de brote epidémico deben incluir los procedimientos para asegurar la comunicación de las personas mayores con sus familiares y que, al menos, un miembro de su familia las pueda visitar tomando las precauciones necesarias.
7) Las
reservas de equipos de protección individual se deben mantener y deben ser verificadas periódicamente, según quede regulado en el plan de contingencia.
Proponemos estas recomendaciones con carácter urgente. Podrían ser consideradas en reuniones conjuntas de los Consejos Interterritoriales de Sanidad y de Servicios Sociales en estos primeros meses de la post-vacunación en residencias.
Bibliografía
1. inf_resid_20210411.pdf (
imserso.es)
2. El exceso de mortalidad por covid-19 en las personas mayores que viven en las residencias de España: variaciones entre comunidades autónomas – EnR?| (
envejecimientoenred.es)
3. dt1_actuarcovid-la-covid-19-en-las-residencias-de-mayores_situacion-actual-y-propuestas-de-prevencion-y-control.pdf (wordpress.com)
4. Vergüenza: El escándalo de las residencias. Manuel Rico. Editorial Planeta, 2021.
5. (17) (PDF) Precios, ratios y costes en la prestación de servicios residenciales para personas mayores: análisis comparativo entre Gipuzkoa y el resto del Estado (
researchgate.net)
6. (En inglés y en francés)
Pandémie, iniquités, santé publique, information, interventions : l’échec canadien? | SpringerLink
7.
Identifying gaps in COVID-19 health equity data reporting in Canada using a scorecard approach | SpringerLink
8. Más de medio millón de personas viven o trabajan en residencias de personas mayores – EnR?| (
envejecimientoenred.es)
