La Sanidad española está sufriendo en 2012 importantes recortes por parte de la Administración Central y de las CC.AA. debido a la necesidad de cumplir con los objetivos de reducción del déficit. Sin embargo, estos recortes deben estar bien orientados. Si queremos que nuestro sistema sanitario sea capaz de dar respuesta a un escenario de demanda creciente son necesarias, además, reformas que incidan en un incremento de la eficacia y de la productividad. Esta es una de las principales conclusiones del Informe Diez Temas Candentes de la Sanidad para 2012 que, por tercer año consecutivo, elabora PwC a partir de las reflexiones de un nutrido grupo de expertos moderado por los ex ministros de Sanidad, Julián García Vargas y Ana Pastor, y del que formaron parte presidentes y directores generales de algunos de los principales grupos hospitalarios, aseguradoras sanitarias, empresas de tecnología médica, laboratorios farmacéuticos, consejeros de sanidad y representantes de asociaciones profesionales, entre otros.
En 2012, diez de las diecisiete comunidades autónomas se han visto obligadas a recortar sus presupuestos de sanidad. Las que más, Cataluña y Murcia, con una reducción del 8,2 y el 7,5 por ciento, respectivamente. En términos de gasto sanitario per cápita, la reducción media ha sido del 6 por ciento, con especial incidencia en aquellas comunidades con mayores problemas de deuda a proveedores y demoras en los pagos. Estos recortes, que puede ser eficaces para reducir el déficit y aligerar el gasto en aquellos servicios que no son fundamentales en el sistema, deben ir acompañados de reformas en profundidad que garanticen la sostenibilidad del sistema.
El documento, por ejemplo, destaca la necesidad de revisar la cartera de servicios y prestaciones sanitarias que cubre el sistema público de salud y propone una nueva clasificación con el objetivo de mejorar la gestión y lograr mayores niveles de eficiencia. En este sentido, se considera clave la creación de una Agencia de Evaluación independiente que realice esta función. Además, plantea la posibilidad de diferenciar el tratamiento en términos de financiación pública de aquellos medicamentos considerados vitales o ligados a determinadas enfermedades de aquellos vinculados a estilos de vida o de confort.
La colaboración público-privada es otro de los ejes a impulsar y, en este sentido, el informe plantea la conveniencia de diseñar un marco regulatorio que resuelva cualquier tipo de duda sobre este tipo de fórmulas y salvaguarde los intereses públicos, que no son otros que la obtención de una asistencia de calidad a un precio razonable. Se considera imprescindible que existan marcos claros y estables de actuación, con distribución de responsabilidades bien definidas, que incentiven las inversiones necesarias tanto en infraestructuras como en servicios, con un sistema de pago para el sostenimiento de la relación a largo plazo, que cumpla plazos, en igualdad de condiciones para todos los proveedores de servicios y que retribuya las inversiones en función de los riesgos transferidos.
Al igual que en el informe del año pasado, la puesta en marcha de un plan de pago de la deuda que las administraciones públicas tiene con los proveedores sanitarios es considerada como una cuestión crucial y que debe acometerse con urgencia. En los últimos doce meses el problema de los pagos se ha extendido hasta ámbitos que, hasta ahora, no se habían visto afectados, como las oficinas de farmacia o las concesiones hospitalarias en modelos de colaboración público privadas. 'Afortunadamente, el Gobierno está mostrando una gran sensibilidad ante este tema, estando en marcha la aprobación de una medida que permita a las empresas sanitarias cobrar las cuantiosas deudas que tienen con ellas las Administraciones Públicas', explica Ignacio Riesgo, director de Sanidad de PwC.
En la actualidad, la deuda total del Sistema Nacional de Salud en suministros de medicamentos a hospitales y con empresas de tecnología sanitaria asciende a cerca de 11.600 millones de euros. En torno al 20 por ciento de presupuesto sanitario del conjunto de las comunidades autónomas. Si sumáramos la deuda con las oficinas de farmacia y concesionarias hospitalarias esta podría superar los 17.000 millones de euros. Además, no solo se está incrementando la deuda sino que los días de retraso en los pagos también están creciendo. El plazo medio de pago a proveedores de medicamentos se ha incrementado de 390 a 525 días y el de las empresas de tecnología sanitaria de 347 a 473 días.
También se apunta la idea de que el Gobierno active medidas de apoyo al tejido de empresas sanitarias (tanto empresas de tecnología médica, como empresas farmacéuticas, como empresas de tecnologías de la información en salud), en línea con las medidas puestas en marcha por otros Gobiernos europeos.
El documento pone de manifiesto la necesidad cambiar el actual modelo sanitario, desde el punto de vista de la atención, orientándolo hacia las enfermedades crónicas 'representan el 70% del gasto sanitario-. En este sentido, se insiste en que el sistema actual está orientado hacia las enfermedades agudas y basado en contactos episódicos presenciales con los pacientes, algo no adecuado para el seguimiento de las enfermedades crónicas, mucho más basado en la monitorización a distancia (mHealth, mobile Health) y en la gestión de casos en la que cobran un relevante papel las enfermeras.
Igualmente se apunta a la modernización aspectos como el régimen del personal sanitario, introduciendo fórmulas de pago por desempeño. Además, el estudio apunta a la necesidad de explorar nuevas fuentes de generación de ingresos como, por ejemplo, la venta de activos inmobiliarios, aunque no se decanta por ninguna de ellas.
Finalmente, el grupo de reflexión que ha participado en la elaboración del informe considera que para poder llevar a cabo esta transformación es el diseño de una agenda de cambios nacional y autonómico para que todos ellos se realicen de forma coordinada y homogénea y armónica. Entre las propuestas para la agenda nacional, se incluyen los criterios generales de responsabilización del ciudadano en su propia salud y en la utilización del sistema.
Para Ignacio Riesgo, director de Sanidad de PwC, 'la idea fundamental del informe es que los recortes son la respuesta aguda a la crisis económica, que ha hecho que los presupuestos sanitarios hayan bajado, como consecuencia del desplome de los ingresos públicos. Pero los recortes a corto plazo no son suficientes. Aunque el sistema sanitario español, por su calidad y accesibilidad, goza del reconocimiento de sus usuarios y de las instituciones internacionales, necesita reformas en profundidad. Estas reformas, ya sea por la posible impopularidad de las medidas a adoptar, ya sea por la percepción de que una buena coyuntura económica podía hacerlas no urgentes, todavía no se han realizado. La necesidad de estas reformas viene dada porque si el gasto sanitario continúa en España al mismo ritmo de crecimiento de los últimos 20 años, llegaría a ser imposible de asumir. Es por lo que para mantener la calidad del sistema sanitario y hacerlo sostenible son necesarias una serie de reformas que impulsen la productividad del sistema: foco en la prevención, reorientación de la asistencia hacia los crónicos, guerra al despilfarro, mayor papel de los pacientes, nuevo alineamiento de incentivos, etc. Desde esa perspectiva y, sin ningún afán sistemático, el documento analiza algunos de los temas que están en la agenda de preocupaciones del sector en este año'. El tono del informe es positivo y de oferta de soluciones, siempre con la disposición de PwC de colaborar tanto con la Administración Central como con las Autonómicas, como con las empresas sanitarias, ante los retos que en una situación de cambio se plantean