La colaboración público-privada 'no tiene que ser una cuestión ideológica, sino una herramienta de eficacia en favor de los pacientes, y los límites no deben ser otros que la necesidad de transparencia, el control público, la eficiencia y los niveles de calidad', ha afirmado Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), en una entrevista concedida a EL MÉDICO INTERACTIVO. En alusión a las idas y venidas judiciales del proceso de externalización de la Sanidad madrileña, el abogado ha dicho que 'el ejercicio indiscriminado de acciones ante los tribunales está contribuyendo a crear un clima nada deseable de inestabilidad que resulta muy perjudicial para el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid'.
De la política de Recursos Humanos llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad ha dicho que 'se están intentando recuperar el tiempo perdido, que no es poco'. Además de que 'se están empezando a superar los diez años de congelación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), considero que los acuerdos con médicos y enfermeros constituyen un hecho inédito e histórico, ya que afectan positivamente a más de medio millón de profesionales', explica. Evidentemente 'no sustituye al Pacto de Estado por la Sanidad, pero sí lo favorece, y a él deberían sumarse comunidades autónomas, partidos políticos y pacientes'.
Ricardo De Lorenzo también se ha referido al Real Decreto Ley 16/2012, del que ha dicho que 'va en la buena dirección, aunque todavía queda mucho por hacer'. A pesar de la letra de la normativa y de muy diversas 'interpretaciones', la asistencia sanitaria básica a inmigrantes sin papeles 'está garantizada en todo caso, respondiendo a consideraciones éticas, deontológicas y humanitarias, comprendiendo la atención de urgencias, embarazo y parto. Cuando se trata de menores, la asistencia se extiende a todo tipo de prestaciones', apunta. 'Corresponde a las comunidades autónomas facilitar esta atención, organizándola de la manera más efectiva y ágil posible'.
Según este experto, 'en Europa no existe una norma específica común sobre la asistencia sanitaria a inmigrantes ilegales e incluso hay algún país europeo donde la decisión final de esa atención recae en el propio médico; las dos únicas directivas que tratan este aspecto de alguna manera se refieren al retorno obligado y a las condiciones de recepción de refugiados'. En este sentido, nuestra normativa 'es similar a la de otros Estados miembros de la Unión Europea', expone. 'En cualquier caso, y ante la ausencia de marco legal común, la ley respeta los criterios a los que responde la regulación comunitaria en materia de prestaciones a cargo de los sistemas sanitarios públicos'.