'¿La cohesión territorial y la igualdad en el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud en riesgo? Medidas legales y doctrina constitucional'. Este fue el título de una mesa moderada por Luis Calvo Sánchez, miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario, en la que se partió del principio de igualdad en el ámbito teórico para luego llevarlo a la práctica, una práctica en la que, reconocieron los ponentes, se vulnera con bastante frecuencia.
De la teoría a la práctica
La primera en tomar la palabra fue Carmen Plaza Martín, letrada del Tribunal Constitucional, que se centró en la doctrina constitucional sobre la igualdad y no discriminación. 'El principio de igualdad 'señaló- es un postulado esencial del constitucionalismo' y, de hecho, añadió, nuestra Constitución se refiere a él en varias ocasiones. Sin embargo, reconoció que en la práctica su aplicación no era tan sencilla y recordó cómo en los últimos años el Tribunal Constitucional había tenido que pronunciarse con respecto a la articulación de leyes, fundamentalmente de las Comunidades Autónomas, en las que había un conflicto de equidad. Las tasas por prestaciones sanitarias de los afiliados a determinadas mutualidades de funcionarios o el catálogo prioritario de medicamentos en Galicia son algunos ejemplos en los que este órgano ha tenido que intervenir. En el caso de las tasas, recordó, se concluyó que estas eran inconstitucionales mientras que el catálogo fue aceptado. Y es que, como apuntó la letrada, 'si vamos al detalle, se ve que existen problemas' a la hora de garantizar la igualdad en el acceso a la salud.
Vulneración del principio de igualdad
Por su parte, Antonio Bernal lamentó que 'en los últimos años, la equidad de nuestro Sistema Nacional de Salud se ha ido deteriorando' y es que, aseguró, 'muchas de las asociaciones que pertenecen a la Alianza General de Pacientes (AGP) han puesto el acento en las dificultades de acceso a determinados servicios o tratamientos, poniendo de manifiesto que en salud, el código postal sí importa'. La dificultad de acceso de los pacientes con enfermedades raras a centros de referencia, subrayó, es una muestra de ello. Precisamente, para velar por el cumplimiento del principio de igualdad en salud, desde la AGP se ha creado el Comisionado de la Equidad. Según Julio Sánchez Fierro, miembro de la AEDS y que intervino a continuación, 'cuando desde la sociedad se plantea la creación de un órgano como este es porque hay problemas'. Además, el abogado se mostró de acuerdo con la afirmación de Bernal con respecto a las diferencias de acceso en función de dónde se viva.
Sánchez Fierro criticó también el que la consecución de la eficiencia en la gestión se hubiera centrado fundamentalmente en el gasto farmacéutico, olvidando otros aspectos que también influyen en el gasto y que deberían, por tanto, ser tenidos en cuenta. Ese enfoque, añadió, ha dado lugar a multitud de quejas y demandas ante los tribunales por parte de pacientes y sociedades científicas. En opinión del abogado, 'la sostenibilidad no debe tener un enfoque tan reduccionista que se limite a lo puramente económico'.
Por último, Agustín Rivero reconoció que si bien la función del Ministerio consiste en coordinar el acceso a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad, 'todos sabemos que eso no sucede en este momento, no sólo entre Comunidades Autónomas sino entre hospitales de referencia dentro de una gran ciudad', aunque en esto, matizó, intervienen otros agentes más allá del Ministerio.
Cartera Común de Servicios
A continuación, Rivero defendió los esfuerzos del Ministerio por hacer una Cartera Común de Servicios para todo el Sistema Nacional de Salud. En este trabajo, subrayó, no sólo es importante lo que se incluye sino también lo que se excluye porque una vez introducida una prestación, luego, resulta muy difícil sacarla del sistema. Asimismo, explicó la rigurosidad y complejidad de los informes de evaluación a los que se someten los procedimientos para decidir si estos son o no incluidos, informes que van más allá de consideraciones de tipo económico y tienen en cuenta también aspectos éticos y legales, entre otros.
Además, hizo referencia a la definición del concepto de innovación por parte del Ministerio. 'Uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de introducir en la Cartera de Servicios nuevos fármacos es cuando los laboratorios nos hablan de innovación', apuntó. Para ello, se ha establecido una metodología por la cual se otorga una puntuación a la innovación. La puntuación máxima es de 100 puntos y se considera que un medicamento es innovador si supera los 20. Aunque pueda parecer un límite bajo, explicó que, según un estudio, de 140 productos hoy en el mercado y supuestamente innovadores un porcentaje muy alto no había alcanzado esta puntuación. Las sociedades científicas, aseguró, habían compartido que realmente los productos que no alcanzaban esa puntuación no eran tan innovadores como parecía. 'Aunque habrá que afinar el sistema, es una herramienta útil para establecer qué medicamentos son realmente innovadores', afirmó.
Rivero aprovechó el encuentro para anunciar que al día siguiente se publicaría por fin en el BOE la orden de precios de referencia de medicamentos.