En España hay cerca de 70.000 reclusos, de los cuales en torno al 40 por ciento padece un trastorno mental, el 22,4 por ciento está afectado de Hepatitis C y el 6,3 por ciento tiene VIH, mientras que en relación al consumo de drogas, un 79,7 por ciento de las personas que ingresaban en prisión manifestaba haberlas consumido en el mes anterior a su ingreso. Estos datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han sido expuestos por el doctor Antonio López Burgos, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), en el marco del IX Congreso Internacional, XVI Jornadas y I Congreso Internacional de la SESP, que ha contado con la participación del presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, quien ha intervenido en una mesa para hablar de 'Calidad de la Sanidad Penitenciaria en España', y en la que también participó el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado.
Durante su intervención, el doctor Rodríguez Sendín propuso la integración de este tipo de asistencia dentro del Sistema Nacional de Salud como 'un subsistema de la Atención Primaria', ya que, como indicó, 'lo que ofrece en suma es una atención integral', por lo que le pareció 'ilógico que siga aislada del SNS', siendo su integración una reivindicación que viene de años atrás por parte de los profesionales que se dedican a ella.
Respecto a las patologías que pueden llegar a padecer los pacientes presos, Rodríguez Sendín destacó que la enfermedad mental es la que más abunda, y que puede llegar a incrementarse cuando comienzan su período de reinserción. 'En muchos casos se da un triple estigma: expreso, exdrogodependiente, además de sufrir alguna patología mental, lo que impide sobremanera su conexión de nuevo con la sociedad y, en definitiva, la mejora de su calidad de vida', indicó.
Dar respuesta a estos pacientes no deja de ser, muchas veces complicado, a su juicio, al tener que enfrentarse a muchos obstáculos para acceder a ciertos servicios que requieren, principalmente, de salud mental. 'De tal forma que, por lo general, se produce una ruptura entre la atención que se le presta en los centros penitenciarios y la que después va a requerir en los centros de salud mental ordinarios del SNS. Esto no debería ser así sino que tendría que estar garantizado y poder ofrecer a estos pacientes los mismos tipos de atención que el resto de ciudadanos'. Y es que como remarcó el presidente de la OMC, ' estar preso no debe conllevar una pérdida de la calidad de la asistencia que se presta ni tener que disponer de médicos diferentes del resto de la población'.
Situación actual de la Sanidad penitenciaria en España
Según datos de la Memoria de Sanidad Penitenciaria del año 2011, el equipo sanitario dedicado a Sanidad Penitenciaria lo componen alrededor de 370 médicos, 550 enfermeros, 34 farmacéuticos y unos 400 auxiliares.
En España este tipo de asistencia está integrada en el organigrama del Ministerio del Interior, dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a través de la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria. 'Entre los objetivos fundamentales de nuestra sociedad está la integración de la Sanidad penitenciaria en los distintos sistemas autonómicos de salud, algo que sólo se ha conseguido en el País Vasco, donde una verdadera voluntad política ha propiciado la integración de la Sanidad penitenciaria en Osakidetza (Sanidad Pública Vasca)', explica el presidente de la SES.
En comunidades como Cataluña la Sanidad penitenciaria depende del Departamento de Justicia de la Generalitat, y su proceso de integración en el sistema público todavía no se ha logrado. En las once prisiones catalanas trabajan alrededor de 300 profesionales de la Sanidad Penitenciaria, dependientes del Departamento de Justicia de la Generalitat, en torno a 90 médicos, algo más de 100 enfermeros, y el resto personal auxiliar.
Tal y como explicó el doctor López, 'según la Ley de Cohesión y Calidad del SNS de 2003, los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serían transferidos a las CCAA para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud en un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley. Han transcurrido casi nueve años desde que se acabara el plazo para esa integración, y nada se ha hecho al respecto, salvo en el País Vasco, donde la integración ha sido efectiva en un plazo inferior a un año, demostrando que la voluntad política es la única que puede resolver este problema que afecta no solamente a los profesionales de la Sanidad penitenciaria, sino fundamentalmente a los derechos asistenciales de la población privada de libertad'.
La crisis afecta
La situación económica de España afecta también al ámbito de la Sanidad penitenciaria. En este sentido, las autoridades penitenciarias han llevado a cabo recortes presupuestarios en el ámbito sanitario incidiendo en la reducción del gasto farmacéutico y de personal. 'Esto último afecta gravemente a la apertura de nuevos centros penitenciarios, debido a la falta de profesionales sanitarios para atenderlos', recalca el doctor López Burgos.
Otra de las medidas que todavía está pendiente de resolver es la sustitución de las guardias de presencia física en los centros penitenciarios por guardias de presencia localizada, 'lo que tendría un impacto negativo en la asistencia médica que actualmente se presta a las personas privadas de libertad', según afirma.
'En nuestra opinión, se está poniendo de manifiesto la falta de recursos económicos y medios personales del Ministerio del Interior para manejar una competencia que consideramos debería ser exclusiva de una organización sanitaria como las consejerías de salud de las comunidades autónomas', advierte el presidente de la SESP.