Más de 300 organizaciones del sida españolas, entre ellas, SEISIDA, tienen claro que si el nuevo Gobierno recortara o anulara su compromiso económico ante la respuesta nacional del sida se pondrían en riesgo los avances obtenidos durante tres décadas en ámbitos como la prevención, la detección precoz de nuevos casos y la atención a las personas con VIH que aún experimentan diariamente discriminación por el estigma asociado a su enfermedad.
Así lo manifiestan cientos de organizaciones e instituciones españolas en una carta dirigida a Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la que le exigen compromiso económico sostenido por parte del Gobierno y liderazgo político a través del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS).
Udiárraga García, presidenta de la Coordinadora Estatal de VIH-sida (CESIDA), advierte que es necesario un organismo coordinador en la respuesta nacional al VIH como la SPNS y la consecuente elaboración de un nuevo Plan Multisectorial que describa con claridad las directrices a seguir durante los próximos años. Además sostiene que la elaboración del dicho plan 'es un compromiso adquirido por nuestro país en la reciente reunión de UNGASS en Nueva York durante el mes de junio del pasado año'.
Por su parte, Julio Gómez Caballero, presidente de la Red Comunitaria sobre VIH/sida del Estado español (REDVIH), afirma que actualmente, gracias a los avances biomédicos, a la voluntad política y a las organizaciones civiles, entre otros agentes públicos y privados, se ha conseguido avanzar en la respuesta a la epidemia del VIH. No obstante 'indica- aún continúan existiendo muchos desafíos en el abordaje clínico, la atención, la prevención de nuevos casos y hay una asignatura pendiente: todos los días son vulnerados los derechos de las personas con VIH. 'Estamos en un momento crucial por lo que le solicitamos a la ministra y a su equipo de trabajo continúen apostando por erradicar la pandemia y la discriminación hacia las personas con VIH a través del respeto de los derechos fundamentales'.
Las organizaciones solicitan diálogo social, liderazgo compartido y el reconocimiento al valor añadido de las organizaciones civiles, además de una reunión con la ministra en las próximas fechas. 'Consideramos que ante la repuesta al VIH no deben existir decisiones unilaterales por parte del Gobierno, ya que se ha demostrado que la participación activa de la sociedad civil, ONG y activistas, su experiencia, compromiso, trayectoria, capacidad de respuesta y participación en el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos, han permitido avances que no se hubieran podido producir sin su participación', concluye Ana Pastor, presidenta de FUNSIDA.
