La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha manifestado su rechazo a la decisión ministerial de limitar el acceso a la Sanidad a los inmigrantes sin papeles. Además advierte de los riesgos sanitarios de dejar a los inmigrantes sin el acceso a una atención continuada, ya que restringir su atención a través de las urgencias puede generar mayores gastos y dificultar el control de enfermedades transmisibles como la tuberculosis.
Estos profesionales recuerdan que no todos los extranjeros que viven en España se encuentran en la misma situación, por lo que es preciso distinguir entre estos dos tipos de inmigrantes, aquellos que provienen de la Unión Europea, que realizan los trámites pertinentes y siguen viniendo a España y que, según el acuerdo que se establezca con sus países de origen, recibirán la asistencia precisa que será abonada por uno u otro Estado. En definitiva, este grupo son los usuarios del llamado 'turismo sanitario'. Aunque el gasto sanitario provocado por esta práctica precisa de mejorar los mecanismos de facturación, tiene fácil solución a través de acuerdos entre los países para que todos los ciudadanos dispongan de la oportuna cobertura sanitaria.
Otra situación bien distinta es la de aquellos inmigrantes 'en situación administrativa irregular' que provienen mayoritariamente de países pobres y que su principal objetivo es acceder al mercado laboral y que al no disponer de permiso de trabajo acaban desarrollando actividades en la economía sumergida.
Tal y como señala semFYC, con la reforma de la normativa se quiere mantener únicamente el acceso gratuito a menores, embarazadas y a las urgencias. La atención urgente a niños y a embarazadas es una atención de mínimos, que puede suponer acumulación de la mayor parte del gasto, ya que la atención hospitalaria es más cara que la de AP. Al dejar fuera de la atención normalizada a los inmigrantes 'irregulares', se produce una situación de falta de atención en patologías crónicas, que aunque no son frecuentes en este colectivo ocasionarán una grave situación de indefensión a los inmigrantes que padezcan estas patologías. Asimismo, un control inadecuado de estas enfermedades acabará ocasionando complicaciones, que finalmente precisarán ingresos hospitalarios y generarán un mayor gasto final.
Según diversos estudios realizados en el ámbito de la AP y Hospitalaria, los inmigrantes usan mucho menos el sistema sanitario que los autóctonos. Algunas de las causas que explican este hecho es que la mayoría de inmigrantes 'irregulares' son jóvenes y sanos. En general, los datos muestran que los inmigrantes están usando y gastando en la Sanidad Pública mucho menos que los españoles.
Por todos estos motivos, semFYC cree que con el actual RD se excluye a un porcentaje de la población que vive en España de la asistencia sanitaria, que es un derecho humano básico. De esta manera, provocará consecuencias negativas en muchos niveles: los principales perjudicados van a ser los inmigrantes 'en situación administrativa irregular' que desarrollen algún tipo de patología que precise un seguimiento crónico, o que puedan beneficiarse de diagnósticos precoces de sus patologías o de actividades preventivas como vacunas; el desarrollo de estas enfermedades acabarán perjudicando innecesariamente a estos pacientes y ocasionando probablemente un mayor gasto debido a las complicaciones que finalmente precisarán ingresos hospitalarios que son mucho más caros; el ahorro potencial será muy bajo, ya que los principales gastos son hospitalarios, los cuales pueden verse incrementados; puede dificultarse el control de distintas enfermedades transmisibles, como la tuberculosis u otras infecciones, lo cual podría perjudicar a toda la sociedad; y planteará importantes problemas éticos en los profesionales sanitarios que no podrán atender adecuadamente a estos pacientes.