Los médicos de familia han emitido un comunicado para denunciar los últimos casos acaecidos y mostrar su preocupación por el aumento de situaciones de agresividad hacia el personal sanitario
Ante el repunte de episodios de violencia registrados en España en los últimos días, tanto a profesionales de los servicios de urgencias y emergencias, como de Atención Primaria, en regiones como Andalucía, Ceuta y Murcia. La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)…
Ante el repunte de episodios de violencia registrados en España en los últimos días, tanto a profesionales de los servicios de urgencias y emergencias, como de Atención Primaria, en regiones como Andalucía, Ceuta y Murcia. La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha emitido un comunicado para reclamar una vez más tolerancia cero frente a las agresiones a profesionales sanitarios.
En primero lugar recuerdan que las amenazas suelen ser el tipo de agresión más frecuente en el ámbito sanitario, éstas tienen consecuencias psicológicas y laborales sobre los profesionales, quienes denuncian sólo el 61 por ciento de las agresiones sufridas. Como solución, plantean que para acabar con esta lacra es necesario, por un lado, sensibilizar a toda la sociedad a través de campañas de información para hacer más visible esta problemática y, por otro, concienciar a los propios profesionales para que denuncien todas las agresiones.
Un aumento de casos
Más allá de denunciar los casos acaecidos, la principal preocupación de SEMG es el aumento de situaciones de agresividad hacia el personal sanitario. Desde su perspectiva, este repunte puede deberse, en parte, a la elevada presión asistencial y la falta de recursos, problemas que se agudizan durante la época estival. Por ello, solicitan “que se tomen medidas ejemplares al respecto en el ámbito jurídico, legislativo y laboral, y se dote a los centros sanitarios con los suficientes recursos, medidas y personal de seguridad”.
Asimismo, desde SEMG vuelven a poner de manifiesto que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene recogida en el Código Penal como delito de atentado contra la autoridad, existiendo la figura del interlocutor policial sanitario para coordinar y adoptar las medidas precisas ante situaciones de violencia.
