Las Sociedades de Primaria, en contra del Plan de medidas de sostenibilidad de la Comunidad de Madrid

Las Sociedades Españolas de Atención Primaria, SEMG, SEMERGEN y semFYC, observan con enorme preocupación la situación de la atención sanitaria en la Comunidad de Madrid tras hacerse público el 'Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del Sistema Sanitario público de la Comunidad', promovido por el Gobierno regional, y han señalado que la primera obligación de los médicos es preservar y defender los intereses de los pacientes, por encima incluso de los suyos propios, y orientar todas las decisiones al bien común. 'Hasta ahora los pilares del Sistema Nacional de Salud (SNS) se basaron en unos principios fundamentales de equidad social y solidaridad, como gran patrimonio colectivo y derecho irrenunciable de todos los ciudadanos, por lo que cualquier modificación de calado en el SNS debe nacer del consenso, tras el diálogo con los agentes sociales y los representantes legales y legítimos de los profesionales sanitarios; su principal objetivo, por tanto, debe ser la implicación de los profesionales sanitarios'.

Tal y como señalan las Sociedades en un comunicado conjunto, 'existen numerosas pruebas que avalan que es difícil, por no decir imposible, poner en marcha cualquier tipo de reforma sin la participación activa de los profesionales, mucho más cuando estas reformas están fundamentadas tan sólo en criterios economicistas y se orientan a escenarios que rompen el modelo basado en la universalidad y la equidad, que pueden producir pérdidas en la calidad y afectar especialmente a los más pobres, indefensos y vulnerables'.

Los profesionales quieren hacer constar que la legitimidad otorgada por las urnas no puede convertirse en ningún caso en patente de corso para adoptar decisiones que afectan negativamente al conjunto de la sociedad, dificultan el acceso equitativo de los ciudadanos a los servicios públicos y ponen en peligro el futuro y la continuidad de las prestaciones sanitarias.

Las medidas anunciadas por parte del Gobierno regional, -en su opinión- , 'no aportan datos objetivos que permitan inferir la mayor eficiencia del modelo que se propone y ni siquiera existe ningún estudio económico que demuestre que se va a producir el ahorro que se proclama. En el documento se parte de premisas interesadas en objetivos poco relacionados con la calidad clínica y más con la gestión estrictamente economicista de los recursos. Dichas medidas son arriesgadas, de eficacia dudosa para el fin que supuestamente persiguen, y conllevan la descapitalización irreversible de los recursos materiales y humanos del sistema sanitario público madrileño; por otra parte, suponen un expolio de los derechos adquiridos de los profesionales sanitarios'.

La oferta que se hace a los profesionales de participar directamente en la gestión de los centros de salud es un 'brindis al sol',- señalan-, pues les obliga a la creación de estructuras asociativas que en la actual coyuntura económica representan aventuras empresariales de alto riesgo y por consiguiente difícilmente financiables.

'En el Plan no se detalla ni la asignación capitativa por paciente, ni los factores correctores a aplicar, ni las normas jurídicas a implementar sobre las relaciones laborales en las nuevas entidades... La lectura de tan escueto documento induce irremisiblemente sentimientos de inseguridad legal, laboral y profesional. Por tanto, es más que improbable que se generen solicitudes de adjudicación que provengan directamente de los profesionales', apuntan las Sociedades de AP.

Tomando en consideración la ausencia de datos objetivos que las apoyen, las entidades firmantes de este comunicado estiman que las medidas planteadas son arbitrarias y los ajustes presupuestarios una simple coartada para proceder a transferir la gestión de los centros de salud a organizaciones empresariales con ánimo de lucro. La Consejería de Sanidad emplea el eufemismo de 'externalización de la gestión' y rechaza de forma beligerante el de 'privatización'; sin embargo, más allá de disquisiciones semánticas, ambos términos implican exactamente las mismas consecuencias finales sobre la organización y la gestión de los centros de salud y el estatus laboral y profesional de quienes en ellos trabajen.

Por todo lo anterior, los firmantes manifiestan su oposición al Plan, 'que nace sin tener en cuenta a los profesionales sanitarios ni a los pacientes, y emplazan al gobierno regional a proceder a retirarlo y a entablar con los representantes profesionales un diálogo leal, sincero y sin posiciones predeterminadas, en aras de pactar las medidas que se estimen oportunas para los fines que se pretenden, pero evitando planteamientos rupturistas, radicales e irracionales'.