En total, quince comunidades autónomas han celebrado comicios el pasado año. Sólo en seis autonomías, y gracias a diferentes pactos, continuaba en el poder el mismo partido que antes: Madrid, Murcia, La Rioja y Castilla y León, con el PP. y Andalucía y Asturias, con el PSOE. En las demás ha habido cambio de color político: los socialistas gobiernan ahora en Cantabria, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias, mientras que en Navarra lo hace Geroa Bai.
Todos estos cambios han traído consigo a doce nuevos consejeros de Sanidad: Jesús Morera (Canarias), José María Vergeles (Extremadura), Jesús Fernández (Castilla-La Mancha), Aquilino Alonso (Andalucía), Encarna Guillén (Murcia), Patricia Gómez (Baleares), Carmen Montón (Comunidad Valenciana), Jesús Sánchez Martos (Madrid), Sebastián Celaya (Aragón), María Martín (La Rioja), Fernando Domínguez (Navarra), María Luisa Real (Cantabria) y Francisco del Busto (Asturias). Sólo repetía en el cargo Antonio María Sáez Aguado (Castilla y León), mientras que Boi Ruiz sigue siendo consejero en funciones de Cataluña al cierre de esta edición.
El periodo estival quedaba marcado por una intensa actividad política tras la renovación de tantas consejerías autonómicas de Sanidad. Ese cambio se plasmaba en la reunión del Consejo Interterritorial del SNS celebrada el 29 de julio, que había fijado como punto central la inclusión de la vacuna de la varicela en el calendario vacunal.
A pesar de que a Galicia no le tocaba pasar por las urnas en 2015, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, remodelaba su gobierno por sorpresa nada más comenzar el mes de octubre, siendo una de las damnificadas la consejera de Sanidad, Rocío Mosquera, que era sustituida en el cargo por Jesús Vázquez Almuíña. El nuevo consejero gallego prometía afrontar su responsabilidad con 'trabajo y humildad' y lanzaba un mensaje alusivo al polémico traslado y puesta en funcionamiento del nuevo Hospital de Vigo: 'Podemos conseguir objetivos si nos dejamos de polémicas y construimos'.
Dos nuevas alternativas de poder
Por su parte, los españoles decidían el fin del bipartidismo en las elecciones generales del pasado 20 de diciembre. PP y PSOE perdían en su conjunto 5,4 millones de votos respecto a los comicios de 2011, mientras que las dos nuevas alternativas de poder (Podemos y Ciudadanos) sumaban más de ocho millones de papeletas. La fuerza más votada era el PP de Mariano Rajoy, que obtenía 123 diputados, seguida de los socialistas (con 90 escaños), Podemos (69) y Ciudadanos (40). Estos resultados dejaban la gobernabilidad de España en manos de pactos prácticamente imposibles y, al cierre de esta edición, el escenario más probable era la repetición de los comicios en 2016.
Dentro de los programas electorales se producían grandes coincidencias en cuestiones básicas sanitarias, como aumentar los recursos, impedir la fragmentación del Sistema Nacional de Salud (SNS) y las inequidades, alcanzar un pacto político por la sanidad u otorgar más protagonismo a los profesionales a través de la gestión clínica. Pero también se dejaban entrever grandes discrepancias entre unos y otros. En este contexto, las esperanzas de los profesionales sanitarios se centraban en mejorar las listas de espera. acabar con las inequidades en el acceso a los tratamientos. impulsar la investigación. desarrollar la interoperabilidad y la eSalud. asegurar un modelo de financiación sustentado gracias a los impuestos y. sobre todo, recuperar el poder adquisitivo perdido durante la larga crisis económica, mejorando sus condiciones laborales y reduciendo la precariedad laboral.
Precisamente, en marzo se había presentado la segunda oleada de la encuesta nacional 'Situación laboral de los médicos en España', realizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), con una preocupante conclusión: el 41,6 por ciento de los médicos que trabajaban en el SNS sin plaza en propiedad lo hacían, en aquel momento, con contratos precarios 'de corta duración, parciales, por guardias, interinos por sustitución o bajas, y por obras y servicios-. No era el único dato llamativo, ya que alrededor del 27 por ciento de los médicos en situación de desempleo declaraba no estar apuntado al paro. El propio ministro de Sanidad reconocía en abril que las condiciones laborales de los profesionales no eran 'razonables'.
El arduo camino del Pacto de La Moncloa
El 12 de marzo de 2015 pasará a la historia por ser el día en el que se creó el Foro de las Profesiones Sanitarias, cumpliéndose así uno de los puntos contemplados en el Pacto de La Moncloa firmado en el verano de 2013. Se daba vía libre a una vieja y muy anhelada pretensión: la creación de las mesas del Médico y del Enfermero, destinadas a la interlocución específica entre estos colectivos profesionales y el Gobierno central.
Era una de las primeras medidas que tomaba Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, apenas tres meses después de su nombramiento, junto con la aprobación del Plan Estratégico de la Hepatitis C y la rectificación de una de las medidas más polémicas de su antecesora en el cargo, Ana Mato: la implantación del copago de medicamentos de dispensación hospitalaria para pacientes que no estén hospitalizados.
A partir de ese momento, el nuevo Ministerio de Sanidad establecía la gestión clínica y los pactos con los profesionales sanitarios como 'una prioridad' a seguir durante los nueve meses que restaban a la legislatura.
Sin embargo, el Foro de la Profesión Médica pedía la retirada del proyecto de Real Decreto de Gestión Clínica después del verano y se planteaba denunciar el acuerdo de 2013 con el Ministerio de Sanidad. El principal motivo del disgusto de los profesionales médicos, aunque no el único, residía en el hecho de que no se habían incluido en el proyecto normativo ninguno de los aspectos acordados previamente entre el Foro y Sanidad. Pocas semanas después, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) rompía relaciones con el Ministerio 'por el fehaciente incumplimiento reiterado de compromisos firmados', en referencia al Pacto de La Moncloa y 'por no atender a las sucesivas reivindicaciones de los médicos'.
Posteriormente, en el mes de octubre, entre 200 y 300 médicos se concentraban a las puertas del Ministerio de Sanidad, convocados por CESM, en señal de protesta por la inacción del Gobierno en relación al Pacto de La Moncloa. 'No se ha cumplido en un 80 por ciento lo que se acordó', se quejaba el secretario general de CESM, Francisco Miralles.
A finales de octubre, el Foro de la Profesión Médica recuperaba el consenso con el Ministerio sobre gestión clínica. A pesar de ello, el ansiado real decreto tendrá que esperar finalmente al nuevo Ejecutivo central para ver la luz en 2016.
La prescripción enfermera, una traición sin precedentes
Por otro lado, el Consejo de Ministros del viernes 23 de octubre aprobaba el real decreto que regula la prescripción enfermera. En palabras de Alfonso Alonso, dicha normativa había sido acordada tanto con los enfermeros como con el Foro de la Profesión Médica. 'Se ha garantizado a los médicos que las nuevas funciones de los enfermeros no merman ni disminuyen sus competencias', explicaba el ministro. Y es que, en el proceso de negociación, los médicos habían solicitado que se modificara el artículo 3 porque no dejaba claro si el uso de medicamentos con receta tenía que estar (o no) sujeto previamente a prescripción médica. El texto recoge de manera explícita que la prescripción le corresponde siempre al médico. 'Se han introducido las garantías necesarias para que esto sea así. Y, por tanto, creo que se ha llegado a un punto razonable de regulación que va a dar seguridad al trabajo que habitualmente realizan los enfermeros en España y al que realizan los profesionales de la Medicina que tienen esa responsabilidad de prescribir', argumentaba Alonso.
Para la Mesa de la Profesión Enfermera 'que reúne al Consejo General de Enfermería y al sindicato Satse- se trata de 'un texto que supone una traición sin precedentes en la historia de la democracia: se ha modificado a última hora, con nocturnidad y alevosía, y sin consultar con los enfermeros, dejando en una situación peor tanto a profesionales como a pacientes'. Tras su publicación en el BOE, el pasado 23 de diciembre, los enfermeros anunciaban para 2016 un calendario de movilizaciones y acciones jurídicas e informativas para evitar su aplicación, como la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo para anular el polémico artículo 3 de la citada norma. Al mismo tiempo, un amplio grupo de comunidades autónomas se oponía frontalmente al real decreto y solicitaba incluso su retirada. Cantabria presentaba el primer recurso ante el Supremo pocos días antes de acabar el año.
Además de la gestión clínica, ha quedado pendiente para el próximo Ejecutivo nacional la aprobación del Real Decreto de Precios y Financiación, tras la publicación, en julio, del primer borrador de dicha normativa, y la posterior inclusión, en septiembre, de las alegaciones realizadas por las administraciones. Lo mismo ha ocurrido con el Real Decreto de Fabricación y Distribución del Tabaco y Productos Relacionados, cuyo borrador se había dado a conocer en julio no sin polémica: se señalaba a la farmacia como 'establecimiento autorizado' para la venta de cigarrillos electrónicos. Colegios farmacéuticos y sociedades científicas mostraron entonces su total oposición a su venta en boticas y presentaron las correspondientes alegaciones al texto. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de esta normativa.
Pero no todas las normativas sanitarias se han quedado en los cajones del Ministerio y/o han generado grandes polémicas, Así, por ejemplo, el Consejo de Ministros aprobaba en diciembre el real decreto por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los comités de ética de la investigación con fármacos y el registro nacional de estudios clínicos. La nueva ley simplifica los trámites para la autorización de este tipo de investigación e incrementa la participación de los pacientes en las decisiones que les competen, entre otras cosas. España se adaptaba así al reglamento de la Unión Europea sobre ensayos clínicos, que será de plena aplicación a partir de mayo de 2016.
Otro real decreto aprobado también en diciembre regulaba la creación del Registro Estatal de Enfermedades Raras y la adecuada coordinación entre los sistemas de información de las comunidades autónomas.
Validación y acreditación profesional
El CGCOM y las principales sociedades científicas de Atención Primaria (semFYC, SEMERGEN y SEMG) firmaban en septiembre un acuerdo de colaboración para desarrollar un programa que permita llevar a cabo el proceso de validación periódica de la colegiación y la recertificación de estos facultativos. El acuerdo situaba a España en la vanguardia en materia de validación y acreditación profesional en el proceso que Europa ya ha marcado como horizonte a través de la directiva de cualificaciones profesionales. 'En Europa, son 34 los países que realizan recertificación de sus médicos 'en 15 de ellos es incluso obligatorio- y lo hacen las sociedades científicas', afirmaba el doctor José Luis Llisterri, presidente de SEMERGEN. En este sentido, el entonces director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Carlos Jesús Moreno, se mostraba de acuerdo en que las sociedades científicas son las que tienen las competencias evaluadoras, 'pero la competencia reguladora la tiene la Administración, y es así como se contemplará en el futuro Real Decreto de Desarrollo Profesional'.
Hoja de ruta de la Troncalidad
Con respecto a la Troncalidad, en julio se anunciaban 'cambios inminentes' en el artículo 35 del real decreto que la regula. En respuesta a las demandas de CEEM, se decidía unificar el procedimiento de elección de plaza, tanto de tronco como de especialidad, para las especialidades troncales y no troncales, donde ya existía, de tal manera que ambas se elegirán en una única fase antes de iniciarse el periodo formativo.
Paralelamente se producían cambios importantes en el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS), con la renovación de la presidencia -a cargo de la oncóloga Pilar Garrido- y del resto de miembros de la Comisión Permanente, así como la constitución de las nuevas Comisiones Delegadas de Tronco. Estas últimas se están encargando de la elaboración de los programas oficiales de los cinco nuevos Troncos de la Formación Especializada, y de su trabajo dependerá el de las Comisiones Nacionales de las Especialidades. Una vez conocidas las competencias transversales que están en el tronco, se revisarán todas las competencias del periodo específico de cada especialidad para adecuar los programas formativos a la complejidad de su práctica, así como la acreditación de las futuras Unidades Docentes Troncales.
Nuevos medicamentos contra la Hepatitis C
En el primer Consejo Interterritorial del año y el primero presidido por Alfonso Alonso, celebrado el 14 de enero, se aprobaba el Plan Estratégico de la Hepatitis C, donde se planteaba un plazo inicial de tres semanas para que las autonomías aportasen sus datos sobre estos pacientes, con la idea de celebrar una reunión monográfica sobre este asunto antes de las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo, y abordar ahí el espinoso tema de la financiación.
En febrero se presentaba formalmente en el Ministerio de Sanidad dicho plan, que destinaba finalmente 727 millones de euros al tratamiento de 52.000 pacientes -la mitad de los diagnosticados en España- con los nuevos medicamentos orales de última generación. Se establecía por primera vez un censo 'real' de la enfermedad en nuestro país y se detallaba la cuantía a pagar por las comunidades autónomas. Asimismo, se aseguraba que el Ministerio de Hacienda garantizaría la 'suficiencia financiera' de las mismas en tres años.
Según los datos de un trabajo del Grupo de Estudio de Hepatitis (GEHEP) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), dado a conocer en octubre, los tratamientos de última generación para la hepatitis C que se utilizan en España estarían logrando una tasa de curación del 96 por ciento. Estos fármacos ya habían demostrado sus buenos resultados en los ensayos clínicos previos a su autorización, pero estarían funcionando incluso mejor de lo esperado. El GEHEP aseguraba que el Plan Nacional de la Hepatitis C 'se está cumpliendo bien' y que ya se estaba tratando con estos fármacos a la mayoría de los pacientes.
Estrategia de Atención Socio-Sanitaria
En julio se daba a conocer el primer y 'hasta el momento- único borrador de la Estrategia de Atención Socio-Sanitaria del SNS, para la que el ministro de Sanidad ha estado buscando un pacto hasta el final de la pasada legislatura. Quizás el hecho de no haber alcanzado dicho consenso haya sido la causa de que este documento también se haya quedado finalmente en el limbo ministerial. Según ese texto, las autonomías deberían integrar la información clínica y social de sus pacientes en una única historia socio-sanitaria. El Ministerio proponía que la integración de datos se completara con la creación de un único código de identificación socio-sanitario para cada ciudadano: el que se usa en la tarjeta sanitaria, por ejemplo.
En cuanto a la cartera de servicios, el documento decía que 'no se trata de crear nuevas estructuras, sino de utilizar los recursos existentes más adecuados de forma eficiente', según las necesidades de la persona y coordinando el ámbito social y sanitario. Entre las prioridades deberían estar: ofrecer un enfoque preventivo de la dependencia y primar el mantenimiento del usuario en su entorno frente a la institucionalización, potenciando 'por ejemplo- la asistencia domiciliaria y la atención clínica y farmacéutica en entornos residenciales.
Precisamente, el Gobierno autorizaba en septiembre 'con cargo al Fondo de Contingencia- un suplemento de crédito de 105 millones de euros para la atención a la dependencia, que se sumaban a los 1.087,2 millones de dotación inicial. Por tanto, Sanidad acabaría destinando un total de 1.192,2 millones de euros a la atención de las personas protegidas por la Ley de Dependencia en 2015. De este modo se tenía en cuenta la incorporación al sistema, el pasado 1 de julio, de 314.000 dependientes moderados, cuyo nivel de cobertura había alcanzado el 14 por ciento en pocas semanas.
Presupuestos Generales del Estado 2016
En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, el montante destinado a consolidar la Ley de Dependencia es de 1.252,2 millones de euros (un 6,4 por ciento más que en 2015), lo que representa el 62% del presupuesto total del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De los 2.021 millones destinados íntegramente a dicho departamento, solo 370 se destinan a las prioridades de la Secretaría General de Sanidad: la sanidad digital, la mejora de la atención, la eficiencia y el apoyo a los profesionales, y la protección de los consumidores y la seguridad alimentaria. La violencia de género es otro eje prioritario de las cuentas de este año que acaba de comenzar, en especial la asistencia integral a las víctimas y sus hijos.
El pleno del Congreso de los Diputados finiquitaba en octubre la tramitación del quinto proyecto de Ley de PGE de Mariano Rajoy para que pudiera entrar en vigor después de las elecciones generales del 20 de diciembre. La convocatoria de estos comicios y la consiguiente disolución de las Cortes motivaban una tramitación atípica de las cuentas, que habían llegado a la Cámara Baja en pleno mes de agosto, dos meses antes de lo habitual.
En su paso por el Senado, se aprobaban tres enmiendas relativas al sistema sanitario público. La principal modificación se refería al precio de los medicamentos genéricos, ya que se eliminaba la discriminación positiva de estos en caso de igualdad de precios, tanto en la prescripción por principio activo como por denominación comercial. El portavoz de Sanidad del Grupo Popular y senador por Córdoba, Jesús Aguirre, aseguraba que dicha enmienda da 'coherencia al concepto y naturaleza propia del medicamento genérico'.
Por su parte, los presupuestos sanitarios autonómicos de 2015 experimentaban un leve crecimiento con respecto al ejercicio anterior, llegando a sumar un total de 1.756 millones de euros. Es muy probable que esto haya querido ser una especie de 'golpe de efecto' de cara a las numerosas citas electorales que han tenido lugar en España a lo largo del año. No obstante, dicho incremento se tornaba claramente insuficiente para poder abordar con garantías los problemas sanitarios que asolan el país, pero también suponía el reconocimiento de que los recortes sanitarios de los últimos tiempos son claramente incompatibles con una prestación de calidad.
En busca de la sostenibilidad del gasto farmacéutico
En materia de política farmacéutica, el Grupo Parlamentario Popular presentaba en marzo una enmienda parcial a la reforma de las leyes de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que se estaba tramitando en el Congreso. Dicho texto fijaba la creación de un instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario al que podrían adherirse voluntariamente las autonomías. El Gobierno las obligaría a informar de su gasto farmacéutico en hospitales a partir de junio y podría penalizar a aquellas cuyo gasto global en medicamentos 'que también incluye el destinado a pagar las medicinas que se compran en las farmacias- creciera por encima del Producto Interior Bruto (PIB). El BOE publicaba dicha reforma en junio. Sin embargo, ningún Ejecutivo regional ha suscrito todavía su participación en el instrumento de techo de gasto incluido.
Por su parte, Farmaindustria firmaba en noviembre un protocolo de colaboración por la sostenibilidad y la innovación en el SNS con los ministerios de Hacienda y de Sanidad, como punto final al periodo de fuerte reducción del gasto farmacéutico público que se había iniciado en 2010. Dicho protocolo pretende dar respuesta a los compromisos asumidos por España ante la Comisión Europea en materia de gasto sanitario público y lograr un desarrollo de la industria farmacéutica innovadora en el país que vaya acompasado con la evolución de la economía, todo ello orientado a proporcionar un adecuado y equitativo acceso de los pacientes a las innovaciones terapéuticas.
En el corto plazo, los laboratorios se comprometen a ligar unos objetivos de crecimiento del gasto farmacéutico público de 2015 a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) en ese mismo año, para lo cual se articulan sistemas de monitorización trimestral del gasto y se prevé la adopción de medidas compensatorias o correctoras para no superar el límite. Este protocolo tiene una duración de doce meses a partir del 1 de diciembre de 2015 y podrá prorrogarse anualmente hasta un máximo de tres años. El establecimiento de un umbral de crecimiento en un sector tan innovador es una prueba más del compromiso de esta industria con la sostenibilidad de las cuentas públicas y con el SNS.
Para 2016 quedan pendientes dos acuerdos de semejante naturaleza con la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) y con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), aunque la puesta en marcha de todo este engranaje dependerá del color político del nuevo Gobierno central.
En 2015 también se ha consolidado el uso de los acuerdos de riesgo compartido para la entrada de fármacos en el SNS. Mediante esta fórmula, se establece una cantidad de financiación máxima para un medicamento con una indicación terapéutica y en un periodo de tiempo definido. Si ese techo se rebasa, el laboratorio farmacéutico propietario del fármaco se compromete a hacerse cargo del coste de dicho exceso. Si bien su objetivo es reducir la incertidumbre respecto al impacto presupuestario de las comunidades autónomas, éstas se quejan de que desconocen la metodología para llegar a dichos acuerdos y piden a Sanidad una información más concreta y transparente.
El Boletín Oficial del Estado publicaba en octubre la orden ministerial que actualizaba el sistema de precios de referencia de los medicamentos en el SNS, por la que se tenían que revisar los precios de 14.141 presentaciones de fármacos (11.365 dispensables en farmacia y 2.777 en hospital). Con esta medida, Sanidad espera ahorrar 91,09 millones de euros, de los que 10,61 deberían repercutir directamente en los ciudadanos, según sus cálculos.
Un mes antes se había dado a conocer un estudio de gasto por habitante en medicamentos adquiridos con receta en las oficinas de farmacia, llevado a cabo por la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) a partir de la memoria del CES sobre el último año, que evidenciaba diferencias regionales. Extremadura y Galicia eran las comunidades autónomas que presentaban mayor gasto per cápita, con 266 y 244 euros respectivamente, mientras que Madrid y Baleares se situaban a la cola, con 163 y 161 euros.
La ONT revalida un año más su liderazgo mundial
En enero se daba a conocer el tradicional balance de actividad de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en 2014. España revalidaba un año más su liderazgo mundial en este ámbito y volvía a batir su propio récord, llegando a los 36 donantes por millón de personas y a los 4.360 pacientes trasplantados, con máximos históricos en trasplante renal y cardiaco. El director de la ONT, Rafael Matesanz, destacaba la 'generosidad de los ciudadanos y la gran capacidad resolutiva del sistema español de trasplantes, que de nuevo volvía a incrementar su actividad pese a las dificultades del entorno'.
Por su parte, el Registro Mundial de Trasplantes, que gestiona la ONT desde hace nueve años en colaboración con la OMS, elevaba a 118.127 el total de trasplantes de órganos sólidos efectuados en todo el mundo a lo largo del último año, lo que representaba un incremento del tres por ciento respecto al ejercicio anterior. Pese a este ligero aumento, tanto la OMS como la ONT estimaban que estas cifras apenas representaban el doce por ciento de la necesidad mundial de trasplantes.
Estrategia de Salud Laboral 2015-2020
Gobierno, empresarios y sindicatos presentaban a finales de abril la Estrategia de Salud Laboral 2015-2020, aprobada en Consejo de Ministros, que contempla tres planes bienales y el compromiso de promover la mejora en la prevención de riesgos laborales en todas las empresas, pero sobre todo en aquellas que presenten un mayor riesgo, como es el caso de las pymes.